Las consecuencias de una millonaria y escandalosa defraudación al Estado

Ya es conocido como el Robo del Siglo II e involucra a Ricardo Colombi, pues fue quien autorizó eludir la ley para pagar ocho millones de pesos.
LIBERTADOR desnudó que la causa iba a una vía muerta y ahora pareció moverse, pero con una derivación todavía más perjudicial: el fisco deberá pagar más de dos millones de honorarios a los abogados intervinientes. Sin embargo, aún no está determinado quién es el efectivo titular de los terrenos que decidió expropiar y pagar cash el ex mandatario. Si es condenado, deberá hacerse cargo de todo, incluso de los honorarios. Como testigo declararía el ex fiscal de Estado de entonces, Armando Aquino Britos, quien desaconsejó esa operación a todas luces en perjuicio de los intereses estatales.

COMPROMETIDO. Ricardo Colombi no tendría escapatoria si la Justicia fuera a fondo con el caso de corrupción más grave de los últimos veinte años.

Una resolución fue de la Jueza Civil y Comercial de segunda nominación de esta Capital, María Elena Dadone, en el marco de la causa conocida como "Caso Martín", que involucra muy seriamente al ex gobernador Ricardo Colombi en un caso de escandalosa y millonaria corrupción, puso el dedo en la llaga y determinó una consecuencia todavía más perjudicial para los intereses del fisco. El Estado deberá pagar más de dos millones de pesos sólo de honorarios a los abogados intervinientes en el proceso.

Esta decisión surge de las actuaciones que hasta no hace mucho aparecían paralizadas y que a partir de la publicación de EL LIBERTADOR cobraron algo de impulso, aunque no el que debieran.

"Los abogados que realizaron la defensa de la Municipalidad sostienen que hay responsabilidad del Estado provincial que dicen ellos debería pagarle los honorarios. Hoy esa suma ascendería a los 2 millones de pesos", anunció Fernando Carbajal, Fiscal de Estado.

Si la causa siguiera un curso acorde a la gravedad de los hechos, la Justicia debería cuanto antes dilucidar por qué fue posible semejante defraudación al Estado, de que se haya podido pagar, obviando todos los controles y leyes, más de ocho millones de pesos a un particular que ni siquiera acreditó fehacientemente la titularidad de unos terrenos expropiados en Mendoza al sur.

Además, no se sabe por qué se pagó en efectivo y no en bonos como establece la ley y, peor aún, de qué forma fue posible que se realizara un depósito como anticipo del pago, cuyo cobrador se desconoce. Además, ese monto nunca se dedujo de los fondos abonados luego.

Y no sólo eso: también debería investigarse por qué el entonces gobernador y su ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, desobedecieron a la Justicia y pagaron a pesar de un embargo que pesaba sobre ese pago porque a una escribana -Muñoz Ocampo- no le fueron pagados sus servicios.

El fallo de Dadone, además de regular honorarios, dispone que se determine realmente al propietario del inmueble -están en litigio la Municipalidad, Eduardo Martín y Juan Martín Solís- pero el sentido común indica que eso se debió haber hecho antes de pagar. "Lalaca", sin embargo, no se detuvo en esos "detalles" y decidió pagar incluso cuando había un dictamen del Procurador del Tesoro, del fiscal de Estado, Armando Aquino Britos, y de la secretaria de esa dependencia de control interno, Ramona González, que pedían no realizar el pago por considerarlo irregular.

Si la fiscal de la causa, Graciela Fernández Contardes no estuviera actuando con displicencia en el proceso, tal vez la causa que perjudica y gravemente los intereses de los contribuyentes correntinos estaría más avanzada. Y entonces, el principal sospechoso, Ricardo Colombi, deberá pagar no sólo los ocho millones que pagó en forma ilegal y a sabiendas de lo que hacía, sino también los honorarios regulados por el reciente fallo judicial.

A. Britos, un testigo clave

El hoy diputado provincial Armando Aquino Britos es una pieza clave en este proceso y podría ser llamado a declarar como testigo. Fue quien, como fiscal de Estado del gobierno de Ricardo Colombi, hizo suyo el dictamen del Procurador del Tesoro y junto con la secretaria de la Fiscalía, Ramona González, desaconsejó un pago totalmente irregular, en perjuicio de los intereses del Estado.

Según el legislador, todo está documentado y no hay forma de esquivar el peso de la Justicia, si es que ésta se decide a ir a fondo con la investigación, que tiene como principal y único sospechoso al ex mandatario Ricardo Colombi.

Las pruebas en su contra son demasiadas: obvió la ley que obliga a pagar en bonos, no le importó quién cobró un anticipo del pago, pasó por alto un embargo de los fondos que se destinaron a pagar al supuesto titular de los terrenos expropiados y, por si fuera poco, pagó a quien no acreditó ser el dueño de ese inmueble.

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