Las consecuencias no deseadas de la repatriación de capitales

Por Eric L. Lewis

E l 11 de diciembre, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó un proyecto de ley del Poder Ejecutivo que incluye un paquete de beneficios impositivos que la administración confía en que ayudará a una economía en desaceleración, pero que podría tener el efecto no deseado de convertir a la Argentina en un potencial paraíso del lavado de dinero.

Si es aprobado, el proyecto podría crear nuevos desafíos significativos y quizás no anticipados para instituciones financieras argentinas que operen en los mercados internacionales. Estas instituciones deberían monitorear el nuevo escenario con cuidado y prepararse para tomar acciones antes de que la propuesta sea aprobada, o correrán el riesgo de incumplir, entre otras cosas, las leyes anti-lavado de dinero de los Estados Unidos.

En cuanto a lo más significativo, el proyecto presentado incluye importantes rebajas impositivas para fondos off-shore no declarados, que sean repatriados. El artículo 32 de la ley propuesta crea una política de no hacer preguntas por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (‘AFIP‘) con respecto a la repatriación de los fondos no declarados. Sin dudas, la mayoría de estos fondos pueden ser legítimos y habrán sido enviados al exterior por diversos motivos. En efecto, el Gobierno estaría declarando una amnistía para lograr el reingreso al sistema de capital muy necesario. Sin embargo, las instituciones financieras que operan en Argentina tendrán no obstante que mantener sus estándares domésticos anti-lavado de dinero (‘AML’, pos sus siglas en inglés). La combinación de rebajas impositivas y la eliminación del requerimiento de declarar el origen de los fondos a la AFIP son potencialmente atractivos para lavadores de dinero y el incremento de la entrada de fondos de dudoso origen en Argentina. Debido a que las instituciones financieras seguirán estando obligadas a cumplir con estándares AML, y probablemente tendrán un incremento en la cantidad de depositantes, los que deberán superar controles anti-lavado, la nueva propuesta presenta desafíos a las instituciones financieras en particular y al sistema financiero argentino en general que deben ser considerados antes de que la propuesta sea convertida en ley.

Los principios ‘Conozca a Su Cliente’ (‘KYC’, por sus siglas en inglés), incluidos en regulaciones bancarias estadounidenses y en la Ley USA PATRIOT, establecen cargas significativas a bancos de los EE.UU. y a bancos extranjeros que tienen presencia en ese país, para que controlen a los individuos y entidades que utilicen sus servicios. La promulgación de la ley propuesta en Argentina hará que probablemente se requiera a muchos bancos que traten a clientes argentinos como de alto riesgo y, como resultado, algunos bancos podrían declinar el hacer negocios con entidades argentinas, a los efectos de evitar el riesgo mayor de incumplir con los principios KYC. Como mínimo, las instituciones financieras argentinas deberían esperar numerosas consultas detalladas de instituciones financieras de los EE.UU. respecto de sus políticas anti-lavado de dinero, y sobre cómo están operando a la luz del incremento de depósitos. Salvo que las instituciones argentinas sean capaces de demostrar a los bancos estadounidenses con quiénes hacen negocios y que sus políticas AML cumplen con estándares internacionales en teoría y en la práctica, hay un riesgo real de que los bancos de EE.UU. se nieguen a hacer negocios con esas instituciones argentinas, haciendo de esa manera imposible para las mismas operar negocios denominados en dólares estadounidenses.

La promulgación de esta nueva ley probablemente aumentará los controles anti-lavado de dinero por parte de las autoridades de EE.UU. sobre Argentina y por socios estadounidenses de instituciones financieras argentinas, al mismo tiempo que creará un potencial aumento significativo en la actividad de nuevos depositantes. Mientras que puede haber resentimiento por la imposición de requerimientos de EE.UU. sobre el sistema financiero argentino, la realidad es que dicho sistema necesita el acceso al sistema bancario en dólares de ese país. La nueva ley puede complicar dicho acceso.

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