El 63% de los Consadep II se destinó a pagar juicios y embargos judiciales

El Ministerio de Economía precisó que quedan U$S 21,3 millones para atender fallos adversos. Las cifras
U$S 70 millones se emitieron en Cosadep II para el pago de deudas consolidadas (dctos. 3831/3-05 y 1367/3-08).

U$S 4,3 millones se aplicaron al canje de deuda.

U$S 39 millones fueron destinados al pago de juicios y de embargos en 2007.

U$S 5,4 millones fueron destinados al pago de juicios y de embargos en 2008.

Más de la mitad de la serie II de los bonos para la Conversión y el Saneamiento de Empréstitos Públicos (Consadep) debieron ser destinados por el Gobierno tucumano al pago de juicios y de embargos judiciales, sólo entre 2007 y el año pasado.

Según se informó oficialmente desde el Ministerio de Economía de la Provincia, 44,4 millones de dólares fueron empleados para cumplir con sentencias de la Justicia, lo que representa poco más del 63% de los 70 millones de dólares que se emitieron en Consadep II.

Hay poco más de 4 millones de dólares de esa serie aplicados al canje de deuda pública y, según se consignó desde la cartera económica, el saldo de 21,3 millones de dólares se encuentra en trámite de pagos diversos.

“Eso es lo que queda para pagar sentencias desfavorables”, manifestó a LA GACETA el ministro de Economía, Jorge Jiménez.

A esta situación se suma los crecientes desembolsos en efectivo que debió realizar la provincia en los últimos tiempos, por fallos que declararon inconstitucional la Ley de Emergencia Económica, por la cual se suspende la ejecución de sentencias judiciales y, quienes quieren cobrarlas, deben aceptar en pago títulos de la deuda pública.

El gobernador, José Alperovich, manifestó durante esta semana su preocupación porque se multipliquen estos fallos y que, como consecuencia, se afecten las arcas provinciales. “No tengan dudas”, respondió el mandatario cuando se le consultó si el recrudecimiento de esta situación complicarían las finanzas provinciales.

Ayer, el ministro Jiménez ratificó la advertencia del mandatario. “La situación, hasta el momento, ha sido manejable. Pero tenemos una preocupación cierta de que, a futuro, esto pueda tornarse masivo. Hasta el momento, no pasó. De hecho, la casi totalidad de los juicios que debimos pagar en efectivo corresponden a demandas por honorarios profesionales”, detalló.

Jiménez explicó, además, que la Justicia trabó embargo contra la provincia en esos fallos, por lo que hubo que pagar con moneda de curso legal. (Ver “En el nombre...”)

Vigente desde el 99

Actualmente, tanto en las tres Salas de la Cámara en lo Contencioso Administrativo como en la Corte Suprema de Justicia hay causas en las que se cuestiona la constitucionalidad de la ley 6.987 que, en noviembre de 1999, declaró la emergencia económico-financiera del Estado provincial. Las demandas incluyen las normas que fueron sancionadas posteriormente y que tuvieron por finalidad prorrogar la vigencia de tal situación.

Desde entonces se sancionaron seis leyes que fueron prorrogando el estado de emergencia. La última es la Nº 7.975, del 28 de diciembre de 2007, que ratificó la vigencia de la emergencia hasta fines de 2009.

En el nombre de la crisis global

“La vigencia de la Ley de Emergencia Económica no es antojadiza. En el marco de la crisis financiera internacional, que sacude los mercados de todo el globo, es evidente que enfrentamos hoy una situación de emergencia, que se prolongará durante 2009”, afirmó el ministro de Economía, Jorge Jiménez.

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