"Hay connivencia política"

(General Pico) - La edila se refirió a la ausencia de controles en el otorgamiento de los microcréditos y la falta de firmeza para exigir la cancelación de las deudas. Muchos de los beneficiarios no pagan las cuotas.
La falta de controles sobre el otorgamiento de los dineros públicos y el favoritismo político, fue puesta de relieve ayer en el Concejo Deliberante de esta ciudad, cuando la concejala de la oposición Patricia Testa (UCR-Frepam) explicó las falencias en la adjudicación de los denominados "microcréditos sociales".

"Acá hay connivencia política y me hago cargo de lo que dijo", señaló Testa en la introducción de su alocución, para después desgranar las dificultades al momento de realizar los controles.

Testa recordó que de 118 préstamos, se admitió por el gobierno que 50 personas no pagaron ni una sola cuota, inclusive con los períodos de gracia que le fueron concedidos con el fin de aliviar los compromisos. Sobre el resto, según la edila, la mayoría mantiene incumplimientos en los pagos y 19 emprendimientos "no funcionan".

En total, al momento de las adjudicaciones se destinaron más de un 1.200.000 pesos para microemprendedores, acto que se desarrolló en diciembre de 2008. Ese día, cuando los beneficiarios recibieron sus cheques, se hizo especial énfasis en cumplir con las cuotas y se asumió el compromiso de controlar el destino de los fondos públicos. La iniciativa apuntaba a fortalecer las "economías familiares" y sostener puestos de trabajo.

Saldo negativo.

Ayer la edila Testa dio a conocer algunos datos sobre casos emblemáticos, por lo negativo. Ante sus pares dijo que del total de microcréditos solo cuatro fueron por la suma más importante de 20 mil pesos. Uno de los beneficiarios por ese monto jamás pagó una cuota, reveló la concejala. Pero además, dio a conocer que el incumplidor es proveedor del municipio y realizó trabajos que le fueron pagados por la comuna por facturas que van de los 800 a los 2000 pesos. Para completar el círculo, a la esposa se le otorgó un subsidio por emergencia social por 600 pesos.

El segundo caso también estuvo referido a un crédito de 20 mil pesos, con solo tres cuotas pagas, con la característica que el esposo de la beneficiaria ocupa un cargo público de categoría mayor, por lo cual se supone que debería cumplir con las obligaciones.

En otro tramo, Testa mencionó un emprendedor que recibió 12.360 pesos y que permanece impago. El beneficiario también, recibió del Estado provincial un crédito Rucalhué, y la esposa 5 mil pesos al retirarse del plan Jefas y Jefes de Hogar.

Para completar el círculo vicioso de acceder a los dineros públicos y no cumplir con la devolución, Testa informó que uno de los emprendedores es empleado del IPAV, pero del préstamo "no devolvió ni una sola cuota".

En su intervención, la concejala rescató los beneficiarios que con "seriedad y trabajo" sostienen los emprendimientos, pero se lamentó de la falta de controles sobre el conjunto de personas que accedió a los microcréditos.

Para coronar las debilidades del programa, Testa señaló que se les había pagado a cuatro personas para que controlen los proyectos y realicen el seguimiento. Lo sorprendente es que el algunos casos el contacto fue "telefónico" y en otros nunca fueron ubicados los beneficiarios.

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