Sin embargo, ya ese día se conoció que Córdoba no había aceptado el acuerdo. “No reconocemos como legítimo que ellos hayan firmado un acuerdo por todo el país. El acuerdo es un parche”, comentó Pablo García, becario del Conicet e integrante de la asamblea en Córdoba.

Además de Córdoba, las asambleas de San Luis, San Juan, Mendoza, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata y el norte de la Patagonia rechazaron el acta.

Representantes de estas regiones y de Buenos Aires se reunirán mañana, a las 14, en la Ciudad Universitaria de Córdoba para definir un nuevo marco de reclamos y protestas.

El acuerdo estipula que el Conicet otorgue una prórroga a 343 becarios de esta institución que se postularon a la carrera del investigador y fueron recomendados pero no seleccionados para ingresar.

Además pone a disposición 107 becas extraordinarias para postulantes recomendados y no seleccionados que no estaban dentro del programa de becas del Conicet.

También se abre un espacio de articulación con organismos nacionales de ciencia y técnica, universidades nacionales y empresas estatales para la incorporación de estos investigadores, “respetando los temas y lugares de trabajo propuestos, y con una remuneración equivalente a la clase de investigador para la que fueron recomendados”.

Este espacio estará integrado por representantes de las agrupaciones que participaron de las asambleas y representantes del Conicet y el Ministerio de Ciencia de la Nación.

Las asambleas de las diferentes ciudades están integradas por miembros de gremios estatales y de los docentes universitarios y de las agrupaciones Científicos y Universitarios Autoconvocados y Jóvenes Científicos Precarizados.

“Veníamos de una instancia de lucha muy fuerte en todo el país y creciendo. Con un par de días más de protestas se podría haber logrado el ingreso de los 500 recomendados”, señaló García.

El asambleísta aseguró que en el interior hay bronca por la decisión unilateral tomada en Buenos Aires. “El acuerdo logrado demuestra que el problema no es de presupuesto sino es político. Lo que quieren es que esas personas no estén en Conicet. Si el problema es político, entonces había que seguir con la medida de fuerza para negociar”, asegura.