Congreso: recuperar funciones

Por: Ricardo Gil Lavedra

EX MINISTRO DE JUSTICIA, DIPUTADO NACIONAL ELECTO

El 24 de agosto se produce un nuevo vencimiento de la legislación delegada anterior a la reforma constitucional de 1994. No habrá ninguna catástrofe jurídica, sino que se iniciará el postergado fortalecimiento institucional que la república reclama.

El próximo 24 de agosto se produce un nuevo vencimiento de la legislación delegada anterior a la reforma constitucional de 1994. El modo como ha venido resolviéndose hasta ahora la cuestión hace que cualquier decisión que se adopte no resulte ortodoxa a la luz de estrictos criterios constitucionales.

Existe una opinión extendida de que el Congreso Nacional "debe prorrogar" esas delegaciones al Poder Ejecutivo Nacional por un nuevo plazo, pues de no hacerlo se produciría un verdadero "caos jurídico", toda vez que perdería vigencia un número indeterminado de disposiciones, indispensables para el funcionamiento del sistema legal del país.

Tal hipótesis parte del supuesto de que el Congreso está obligado a analizar en el futuro la totalidad de la legislación que concede facultades como también las normas dictadas en consecuencia, dependiendo la validez de esta última categoría de la subsistencia de la primera.

Sin embargo, creo que es posible sostener una posición diferente, tomando algunos aspectos de la política que ha seguido el Congreso a través de las leyes que ha sancionado. Según este punto de vista, el vencimiento del plazo tan temido no produciría ninguna catástrofe jurídica, antes bien, el Congreso recuperaría funciones que le pertenecen e iniciaría el postergado camino de fortalecimiento que la República reclama.

La reforma constitucional de 1994 prohibió la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración y de emergencia pública, por cierto tiempo y de acuerdo a las bases que el Congreso estableciera. Como hasta ese momento existía una enorme cantidad de disposiciones que contenían delegaciones, la Cláusula Transitoria Octava dispuso que caducarían a los cinco años salvo las que el Congreso ratificara expresamente por una nueva ley. Sin duda, el propósito del constituyente fue que el Congreso revisara cada una de estas disposiciones y decidiera ratificarlas o no. Además, no se distinguía entre normas delegantes y delegadas, pues la intención era que se analizaran ambas.

Pero el Congreso no realizó esa tarea y fue elaborando una doctrina parlamentaria diferente a la prevista por el constituyente. Desde el vencimiento del plazo en agosto de 1999 hasta el año 2006, el Congreso sancionó cuatro leyes con un texto casi idéntico, dilatando la solución del problema.

Por un lado, el Congreso entendió que debía distinguir entre las disposiciones que otorgaban facultades de delegación (normas delegantes) y el ejercicio concreto de esta facultad (legislación delegada). Respecto de las primeras, renovó las delegaciones contenidas en ese impreciso número de leyes anteriores a 1994 y otorgó un plazo de vencimiento. Asimismo, dispuso que la atribución concedida debía ejercerse con refrendo del Jefe de Gabinete y control del Congreso. Por el otro, para impedir la caducidad de la cláusula octava, aprobó en general la legislación delegada dictada antes de 1994 y luego la de los períodos posteriores. Cabe hacer presente que hasta 2006 la Comisión Bicameral Permanente encargada de controlar la legislación delegada no se había creado.

Más allá de que estas normas no cumplen con la manda constitucional, desde hace diez años el Congreso viene otorgando delegaciones legislativas "al bulto", pues no sabe a ciencia cierta qué normas anteriores a 1994 las contienen. El Poder Ejecutivo, a su vez, hace quince años que sigue utilizando las facultades que le confiere ese conjunto indeterminado de normas. Por último, si bien defectuosamente, el Congreso ha ratificado en general el ejercicio de esas potestades.

No resulta tolerable seguir por el mismo camino otorgando delegaciones "en blanco" que no satisfacen los requisitos constitucionales y que el Ejecutivo ha usado durante un tiempo excesivo, en desmedro de las competencias propias del Congreso. No resulta tampoco creíble que ahora vayan a analizarse esas disposiciones individualmente en un lapso breve, cuando no se lo hizo durante tantos años. No renovar esta delegación "en blanco" sólo supone que el Ejecutivo no pueda volver a utilizar esas atribuciones, sin autorización del Congreso. Además, ello no implica la pérdida de vigencia de los reglamentos dictados bajo su amparo, toda vez que, si bien con discutible técnica, el Congreso ha manifestado su voluntad de aprobar sin condiciones esa legislación delegada, lo que no obsta por supuesto a que el Congreso la revise paulatinamente. Tampoco se advierte la razón por la que la vigencia de la norma delegada se sujete a la de la delegante, habida cuenta que fue dictada por un órgano habilitado en su momento para hacerlo, sin plazo de vencimiento y con aprobación de una ley del Congreso. El tramo que resta desde el 2006 hasta el presente deberá ser considerado por la Comisión Bicameral de la ley 26.122. Desde ya, el Congreso puede asumir directamente sus atribuciones respecto de algunas situaciones en particular. Como por ejemplo los derechos de exportación, contenidos en el Código Aduanero.

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