Van del Congreso a la Justicia por los DNU

Van del Congreso a la Justicia por los DNU
Los diputados de la oposición presentarán un pedido de no innovar o un amparo para que no se aplique el decreto de necesidad y urgencia que integró el fondo con más de 6.000 millones de dólares de reservas.
Los diputados Federico Pinedo, Felipe Solá, Oscar Aguad y Elisa Carrió se presentarán ante la Justicia para solicitar que el Gobierno no utilice los 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central con los que iba a conformar el Fondo del Bicentenario. "Vamos a accionar contra el decreto de necesidad y urgencia que crea el fondo", confió ayer Pinedo. Los diputados de la oposición no tienen aún definido si el escrito tendrá la forma de un amparo o un pedido de no innovar. Entienden que la falta de conformación de la comisión bicameral encargada de pronunciarse sobre la validez de los decretos presidenciales los convierte en "la nada jurídica". Algo sin efecto. Por eso pedirán también que no se apliquen todos los decretos futuros hasta que no se conforme la bicameral legislativa que debe entender en el tema.

La semana pasada, los diputados le habían remitido una nota al titular del BCRA, Martín Redrado. Tal como ocurre con casi todas las comunicaciones formales que los legisladores dirigen a los funcionarios del actual gobierno, la misiva no tuvo respuesta. Ante el silencio de Redrado, los diputados eligieron la vía judicial. En diálogo con este diario, el diputado radical Rubén Lanceta adelantó que "finalmente el Gobierno logra lo contrario de lo que se proponía. Si con el Fondo del Bicentenario pretendía dar seguridad a los ahorristas o tenedores de bonos, al no darle garantías jurídicas, convierte el hecho en una incertidumbre".

La gambeta al reglamento de las cámaras y la no conformación de la bicameral de DNU es una típica picardía kirchnerista que finalmente se le puede volver en contra. En la Cámara baja, el jujeño Eduardo Fellner hizo una propia interpretación de la actual correlación de fuerzas existentes en el cuerpo y les asignó a oficialistas y opositores la misma cantidad de integrantes: cuatro diputados. La oposición desconoce esta composición. Reclama cinco diputados para los opositores y tres para el oficialismo. Mientras se resuelve la cuestión, el tiempo avanza. Y en el primer análisis de los estrategas kirchneristas ésa era su búsqueda. Tiempo para que las cosas decanten, tiempo para que no se conforme la bicameral, así el Gobierno no sentía la presión del control legislativo sobre sus actos y tiempo para lograr conquistar la voluntad de algunos de los parlamentarios de la oposición.

"Nos llevamos la materia a marzo. Nos vemos en marzo", dijeron entre sonrisas la semana pasada los principales referentes del kirchnerismo en el Senado. Con esto afirmaban que no estaba en sus planes facilitar el funcionamiento del cuerpo ni de la bicameral de DNU –la única autorizada a hacerlo– durante los meses del verano. En el Senado se discute la nueva composición de las comisiones. Pateando para adelante esa definición y especulando que el tiempo de demora les jugaría a favor, las principales espadas del kirchnerismo en el Senado ya dieron las hurras y se encuentran en sus provincias.

El vicepresidente Julio Cobos instruyó ayer al secretario parlamentario, Juan Estrada, un hombre que responde al titular de la bancada del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, para que envíe una notificación a todos los titulares de bloque para que se reúnan y definan la lista de integrantes que compondrán la bicameral. La picardía podría traerle al Gobierno algún que otro dolor de cabeza. Eso dependerá de la Justicia. Algo que podría convertir la viveza K en una ruleta incierta.

Sanción ficta

Dentro de pocos días vence el plazo para rechazar los últimos dos decretos de necesidad y urgencia firmados por Cristina Fernández de Kirchner.

Si el 29 de diciembre y el 4 de enero, el Congreso no se pronuncia sobre la validez del veto a la reforma política y sobre el DNU que creó el Fondo del Bicentenario, estas dos medidas tendrán sanción ficta, como se denomina a la aprobación por el silencio.

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