El Congreso impondría al Ejecutivo un tope para fijar las retenciones

El Congreso impondría al Ejecutivo un tope para fijar las retenciones
Oficialistas y opositores negocian un régimen de bandas para que el Gobierno imponga las alícuotas. De superarse el límite, el gravamen lo deberá aprobar el Congreso
Una "delegación controlada" de las facultades legislativas delegadas al Poder Ejecutivo en materia de política arancelaria. Esa fue la idea lanzada el miércoles en la reunión de los jefes de bloques parlamentarios en la Cámara baja para intentar resolver el tema del Código Aduanero y parece tener plafón entre oficialismo y oposición.

Se trata de dejar en manos del Gobierno la potestad de mover las alícuotas de derechos exportación e importación en una banda o franja determinada. Mientras, cualquier incremento de los valores porcentuales sobre el techo establecido, debe ser tratado por el Congreso. Esa fórmula que ahora parece sencilla y aceptable por ambas partes era impensable de discutir hace un año, tiempo que pasó del ‘voto no positivo’ del vicepresidente Julio Cobos y que significó la primera derrota parlamentaria del kirchnerismo.

En voz baja, sectores de la oposición reconocen que el Gobierno debe tener cierto margen de acción en el terreno arancelario ante cambios ocasionales y, a veces sorpresivos, de los precios de productos y materias primas a nivel internacional. Coyuntura que "se debe atender con medidas inmediatas si se quiere evitar perjuicios para el país", admiten. Varios pusieron como ejemplo un brusco movimiento del precio internacional de un producto, que puede afectar el abastecimiento interno o ser parte de maniobras de dumping afectando la producción local.

La idea, que es analizada con buenos ojos por unos y otros, surgió en la reunión de jefes de bloque y autoridades de la Cámara baja del miércoles pasado; donde el oficialismo parlamentario inauguró el diálogo con la oposición, como consecuencia de la derrota electoral del 28 de junio y del escenario post 10 de diciembre que se avecina. El jefe de la bancada K, Agustín Rossi, advirtió que no se podía dejar al Estado sin recursos y sin herramientas en materia arancelaria por importaciones y exportaciones. El macrista Federico Pinedo recogió el guante y agitó el tema retenciones. Y, cuando todo parecía tensarse, uno de los participantes puso esa propuesta sobre la mesa.

"Se trata de buscar una herramienta que deje un margen acotado al Ejecutivo para mover, con aviso al Congreso, los aranceles en una banda o franja de porcentaje determinada. Y si se quiere ir con valores mayores a ese límite, que esos montos sí los resuelva por ley el Congreso", admitieron, casi con similares palabras, diputados de oposición, que estuvieron en el encuentro. "Con el sistema de bandas o franjas el Parlamento no resigna su potestad, porque puede controlar con una comisión de seguimiento, y de esa manera no se le atan las manos al Gobierno en la defensa de la producción nacional", indicaron fuentes del oficialismo.

De ambos lados también concuerdan en que es muy complejo definir "todas las posiciones arancelarias por ley" y en que los tiempos parlamentarios pocas veces acompañan los vaivenes de la economía.

La propuesta es, hasta ahora, una idea que maduran por los distintos actores políticos. Pero tuvo eco de origen y nadie la descartó. En ese contexto, el oficialismo ofreció, como prueba de su voluntad de consenso, abrir las comisiones legislativas al debate de temas complicados para el kirchnerismo y la oposición prometió suspender la sesión especial que pensaba realizar el 29 del corriente, para intentar derogar los artículos del Código Aduanero que habilitan al PEN modificar las alícuotas por derechos de exportación. Prórroga que vence el 24 de agosto próximo junto con otras casi 2.000 delegaciones que se vienen ratificando desde 1994.

Para tratar aparte, quedarían la movilidad y la segmentación de las retenciones, los casos trigo, maíz y producciones regionales, entre otros asuntos del campo, así como ley de arrendamiento, la cuestión reintegros o devoluciones a pequeños y medianos productores, mecanismo de compensación impulsado por el Gobierno ya rechazado por las entidades agropecuarias cuando se debatió la 125. Pero en estos temas hay, como se sabe, distintas miradas. La apuesta de los más optimistas es avanzar con puntos de más fácil acuerdo como la declaración de la emergencia agropecuaria y en una ayuda al sector lechero.

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