El Congreso de España hizo más dura la ley de extranjería

El texto pasa ahora al Senado; se amplía a 60 días el plazo de retención
MADRID.- El Congreso español decidió ayer endurecer su postura respecto de los inmigrantes y aprobó en Diputados la polémica reforma de la ley de extranjería, que aumenta de 40 a un máximo de 60 los días que un indocumentado puede estar detenido antes de su expulsión del país, un punto que los detractores de la ley consideran inadmisible.

El nuevo proyecto, que pasa ahora al Senado, fue aprobado con 185 votos favorables del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE), del Partido Nacionalista Vasco, la Coalición Canaria y los nacionalistas catalanes de Convergència i Unió.

En contra votaron 146 diputados del conservador Partido Popular (PP), la principal fuerza de la oposición, que anunció que, de llegar nuevamente al poder, anulará la reforma, porque considera que es necesaria una ley más dura para poder frenar las "avalanchas" de inmigrantes ilegales. También se opusieron al texto varios partidos de izquierda y la pequeña formación Unión, Progreso y Democracia, porque consideran que se recortan los derechos de los extranjeros. Cuatro legisladores se abstuvieron.

Una vez aprobada la ley, los centros de detención de inmigrantes podrán retenerlos un plazo máximo de 60 días, en lugar de los 40 actuales. Este punto fue duramente criticado tanto por Amnistía Internacional como por organizaciones de inmigrantes, que habían solicitado el cierre de los llamados centros de internamiento de extranjeros, además de reclamar la regularización de los sin papeles, con independencia de si tienen contrato de trabajo o no.

Con la reforma se endurecen también los requisitos para el reagrupamiento familiar, que queda limitado a los hijos menores de 18 años o mayores con discapacidad, y a los padres del reagrupante y su cónyuge "mayores de 65 años y si existen razones que justifiquen la necesidad de residir en España".

La nueva ley permite a las distintas comunidades autónomas, así como a organizaciones no gubernamentales y a entidades privadas, asumir la tutela de los menores extranjeros no acompañados que lleguen a España.

Para las agrupaciones de inmigrantes, que protestaron con una marcha de 700 kilómetros de Barcelona a Madrid, la reforma es discriminatoria, porque considera al extranjero un instrumento de trabajo y criminaliza a los indocumentados.

La polémica reforma, que supuso un giro en la política migratoria del gobierno, fue aprobada por el Ejecutivo en junio pasado. Sus detractores acusan al gobierno socialista de querer endurecer las leyes debido a la grave crisis económica que atraviesa España, que ha generado 4,1 millones de desempleados, ya que, según datos recientes, el 12% de la población española es inmigrante.

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