Congreso cede al gobierno control total de la economía

El Congreso también en 2009 actuará como un apéndice del gobierno. Mañana avanzará con la Ley de Emergencia. Si se le suman los superpoderes (que ya tiene), le otorgará al Ejecutivo el control casi total de la economía argentina. Por: Rubén Rabanal
Cristina de Kirchner podrá disponer por decreto la doble indemnización si se incrementan los despidos por la crisis. Podrá también seguir renegociando tarifas, aumentarlas, cambiar y subir gastos, y modificar el régimen cambiario.

Cristina de Kirchner conseguirá en el Congreso, a partir de esta semana, renovar el paquete de poderes especiales cedidos al Poder Ejecutivo más importante que se recuerde en la historia. Los diputados comenzarán a debatir mañana la renovación hasta el 31 de diciembre de 2009 de la Ley de Emergencia Pública que, combinada con los superpoderes para manejar el gasto presupuestario que ya consiguió el gobierno este año, le otorgan a la Presidente un control total de la economía argentina con sólo apelar a un decreto.

La Emergencia llegó al Congreso junto con un paquete impositivo para prorrogar por un año más la vigencia del impuesto al cheque, el especial sobre el precio de los cigarrillos y una reforma al tributo sobre los Bienes Personales. Pero esas son cuestiones sólo tendientes a mantener la fortaleza de la caja pública: sería imposible pensar hoy en que el gobierno resignará unos $ 22.000 millones anuales que recibe por el impuesto al cheque, en momentos en que el superávit fiscal comienza a mostrar sus debilidades.

El problema de la Ley de Emergencia Pública combinada con los poderes especiales para manejar gasto que se consagran en el Presupuesto nacional, en la ley de Administración Financiera y de los Organos de Control (que Néstor Kirchner sancionó de forma permanente durante el paso de Alberto Fernández por la jefatura de Gabinete) y en la Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, está relacionado directamente con el control centralizado de todas las decisiones económicas en el país. Y eso es lo que mantendrá Cristina de Kirchner a pesar de haberse opuesto cuando fue senadora a cualquier situación de excepción en el manejo de las cuentas públicas.

La prórroga de la Ley de Emergencia Pública tiene efectos prácticos inmediatos sobre posibles consecuencias que tendrá en el país la crisis financiera, internacional o local.

Por ejemplo, la Emergencia original que se votó como primera ley del gobierno de Eduardo Duhalde para instrumentar la salida de la convertibilidad, estableció también la prohibición de realizar despidos sin causa justificada en empresas y puso como sanción la doble indemnización.

Hoy ese sistema no está vigente, pero con la Emergencia la Presidente podría, mediante un simple decreto, reinstaurarla si se agravan las suspensiones y los despidos en empresas y la CGT de Hugo Moyano sube la presión.

La ley tiene también un efecto, por lo menos así lo cree el gobierno, frente a las pretensiones de los acreedores externos. Creen los Kirchner que mientras se mantenga la declaración de excepción en la economía argentina, los tribunales internacionales como el del juez Thomas Griesa no avanzarán con la ejecución de activos nacionales en el exterior por pedido de los bonistas (hold outs) que no entraron en el canje. Por ahora se equivocan: basta seguir el embargo de las cuentas de las AFJP en Nueva York después que se conoció la decisión del gobierno de avanzar con la estatización total del sistema jubilatorio.

Pero la Emergencia Pública contiene muchas otras facultades a favor del Poder Ejecutivo: mantiene la declaración de emergencia laboral y sanitaria sancionada tras la crisis de 2001 y casi todos los poderes que el Congreso le dio a Duhalde en enero de 2002. Es decir, renegociar contratos de servicios públicos sin pasar por el Congreso, reordenar el sistema financiero, bancario y el mercado de cambios (modificando el tipo de cambio, por ejemplo, como hizo Duhalde con la salida de la convertibilidad), tomar toda medida destinada a reactivar la economía (un universo de facultades imposible de precisar), mejorar el nivel de empleo y la distribución de ingresos y hasta crear las condiciones para la reestructuración de la deuda pública, facultad que se utilizó para llevar adelante el canje de deuda en 2005.

¿Cuál es el justificativo al que apeló el gobierno esta vez? «La agudización de la crisis internacional amerita la adopción de medidas preventivas que le permitan al país minimizar eventuales efectos negativos», dicen los considerandos del proyecto.

A esa batería deberá sumarse la posibilidad de asignar partidas que estaban destinadas a gasto de capital a gasto corriente, reformular el Presupuesto por completo y hasta aumentar las erogaciones.

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