El Congreso brasileño contraataca con un arsenal de proyectos de leyes y busca proteger a sus miembros del avance de las investigaciones contra la corrupción en el caso Petrobras.

Las tentativas se aceleraron ante la inminencia de una confesión masiva de ejecutivos de la constructora Odebrecht, en el centro del monumental fraude a la petrolera estatal, que implicaría a legisladores, gobernadores y políticos de primera línea por el desvío de miles de millones de dólares de los cofres públicos. La batalla sorda entre la Justicia y los principales partidos está saliendo a campo abierto, con la multiplicación de iniciativas parlamentarias que podrían limitar la acción judicial. “Cuanto más se aproximan las investigaciones a quienes están en el poder, más reacciones habrá. Si la impunidad pierde fuerza, aquellos que se imaginaban inmunes a la jurisdicción criminal buscan crear mecanismos que impidan la continuidad de la investigación’’, dijo recientemente el presidente de la Asociación de Jueces Federales de Brasil, Roberto Veloso.

La Cámara de Diputados discute una serie de medidas contra la corrupción impulsadas por fiscales de la Operación Lava Jato (lavadero de autos), como se conoce al caso Petrobras, que fueron respaldadas por dos millones de firmas. Pero, paradójicamente, la iniciativa podría abrir la puerta a una autoamnistía de la “Caja 2’’, las donaciones de campaña no declaradas que suelen encubrir delitos graves como el lavado de dinero de la corrupción.

En caso de convertirse en ley, la nueva tipificación de la “Caja 2’’ en un “crimen más robusto’’ eximiría de culpa y cargo a quienes están ahora en la mira de la justicia, porque ninguna ley puede aplicarse de forma retroactiva, al menos según una lectura que gana fuerza en el Congreso. “Si criminalizan a todos los que usaron la ‘Caja 2’, van a acabar con esta generación política’’, aseguró un asesor de uno de los principales partidos de Brasil, que pidió no ser identificado.

El diputado Onyx Lorenzoni, a cargo del informe que debe ser sometido a voto en el Congreso brasileño, reconoció el nerviosismo ante la proximidad de la delación de Odebrecht. Según los medios, el ex jefe de la constructora, Marcelo Odebrecht, condenado en 2015 a casi 20 años de cárcel, y decenas de ejecutivos de la firma están a punto de cerrar un acuerdo a cambio de una reducción de esa pena. “Sin duda alguna eso preocupa y tal vez explique las tentativas para limitar las investigaciones’’, señaló el legislador del partido liberal DEM.

Detrás de bastidores, los diputados dicen que las tensiones son mayores en el Senado. Su titular, Renan Calheiros, una de las espadas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) del presidente conservador Michel Temer, explotó el mes pasado cuando la policía detuvo a cuatro integrantes del cuerpo de seguridad del Senado por sospechas de que ayudaron a “limpiar’’ micrófonos instalados por la Justicia. Calheiros enfrenta ocho causas en la corte suprema, la mayoría por Petrobras. Tras el incidente, sacó un proyecto de su autoría para castigar abusos de autoridad de agentes públicos y pidió cortar el pago de la jubilación a miembros del poder judicial que hayan cometido faltas contra la administración pública.

En este contexto, detuvieron ayer al ex gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, a quien la Justicia acusa de recibir al menos 66 millones de dólares en sobornos. Cabral, del PMDB, gobernó Río entre 2007 y 2014. Su detención sacudió a la clase política brasileña y se produjo apenas 24 horas después del arresto de otro conocido ex gobernador de Río, Anthony Garotinho, presuntamente vinculado a una trama de corrupción electoral.