La conformación del CAM promete nuevas batallas

Argumentos políticos y judiciales se entrecruzan en la disputa por conformar el Consejo Asesor de la Magistratura, el órgano encargado de la selección de jueces.
La guerra por la conformación del Colegio de la Magistratura, el órgano encargado de la selección de jueces (salvo los vocales de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia), sigue sumando batallas.

Los abogados, agrupados en los colegios profesionales, aseguran que seguirán la pelea en las calles, los tribunales locales y nacionales y hasta advierten que podrían recurrir a instancias supranacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la ONU.

Desde el oficialismo responden a cada mandoble, y ya dejaron en claro que la escaramuza siguiente se librará en el terreno del Poder Legislativo, donde esperan alumbre una ley que consagre un CAM integrado por tres miembros del Poder Legislativo e igual número de representantes del Poder Judicial, con dos jueces del máximo tribunal y un camarista de la vacante a cubrir, amén de dejar en manos de profesores de las facultades de derecho de la provincia (UNT, Santo Tomás de Aquino y San Pablo-T), la responsabilidad de tomar los exámenes del concurso de antecedentes y oposición.

Todo esto se conoce por boca del gobernador José Alperovich, quien pregona como un gesto de grandeza la exclusión del Poder Ejecutivo del CAM, aunque éste último será el encargado de elegir al candidato a cubrir la vacante de una nómina de cinco postulantes.

Mientras los letrados de los Colegios de Abogados de Tucumán y sus pares del Sur, se preparan para salir a las calles (gimnasia que desconocen aunque la ejercitaron en los últimos años obligados por las circunstancias), desde el oficialismo están convencidos de que sus argumentos terminarán imponiéndose.

Pocos dudan de que finalmente la Ley en cuestión se sancionará, pero algunos como el legislador José Alberto Cúneo Vergés, se atreve a argumentar que la misma será el fruto de la necesidad política del momento. De manera personal, asegura que comulga con el viejo sistema, el de la Constitución de 1.907, que preveía que los jueces sean propuestos por el Poder Ejecutivo y cuenten con el aval del Poder Legislativo.

"La participación del Colegio de Abogados es una pretensión corporativa que los convierte en un quinto poder", expresa al tiempo que asegura que el actual proyecto de Ley surge de la coyuntura política, en la cual el Poder Ejecutivo decide autoexcluirse, lo que a su juicio es un error.

"No comparto para nada la existencia del CAM. El Colegio de Abogados quiere participar de un espacio de poder que no le corresponde y tienen intereses de parte, sectoriales, económicos y políticos-partidarios", argumentó en otro momento para defender su postura respecto del viejo sistema para la elección de jueces. De todas maneras, aseguró que apoya la iniciativa sobre la cual trabajan legisladores oficialista para destrabar la crisis que tiene a los tribunales a la borde de la parálisis ante la imposibilidad de nombrar magistrados.

El legislador asegura que, según su óptica, lo ideal es crear un mecanismo en el cual se tenga en cuenta la carrera judicial, sistema mediante el cual los funcionarios encargados de administrar justicia ascenderían en su cargos de acuerdo a sus méritos. "No comparto que la elección de un juez deba hacerse a través de un concurso, algo que no es ninguna garantía de última prefiero la elección pública, como es en Estados Unidos. Con el otro mecanismo se demora la elección porque alguno, disconforme con el resultado, presenta alguna medida de no innovar que termina retrasando la cobertura de los despachos vacantes.

"No comparto la autoexclusión del Poder Ejecutivo. Esto violenta la división de poderes", asegura Cúneo Vergés.

Ante este panorama, el parlamentario no duda en afirmar que el proyecto sobre el cual giran todas las polémicas, es la mejor salida para evitar males mayores. Eso sí, en la Legislatura están concientes de que, más allá de que se augura un rápido aunque no sencillo paso por el parlamento, la última palabra estará en las instancias judiciales.

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