El conflicto de la salud monopolizó el debate político

Los oficialistas afirman que la protesta de los autoconvocados se politizó; la oposición exige soluciones al Gobierno.
Las protestas de los trabajadores autoconvocados de la salud, que demandan al Gobierno incrementos salariales y mejoras de las condiciones de trabajo, insumieron más de una hora de debate entre los legisladores, pese a que ningún proyecto vinculado con esa problemática integraba el orden del día de la sesión de ayer.

El asunto fue disparado por el radical José Cano, quien volvió ayer a pedir la interpelación del ministro de Salud, Pablo Yedlin, para interrogarlo sobre el manejo de su cartera. "Dispone de $ 700 millones en esa área, hay recursos y no todo debe ser obra pública", sostuvo, en respaldo a las movilizaciones y a las medidas de fuerza que llevan adelante los estatales.

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, le salió al cruce: "lo que comenzó siendo un pedido justo, se transformó en un reclamo político de un grupo que no responde a ningún gremio". El peronista criticó a los ex ministros de Julio Miranda, José Luis Sarsano y Alejandro Sangenis, quienes fustigan al Gobierno, y aseguró que la mayoría de los profesionales de paro en el interior no son de la zona y fueron designados hace poco tiempo. "Utilizan los CAPS para ir de 'picnic pago' tres veces por semana", denunció. Al mismo tiempo que reivindicó las acciones del Poder Ejecutivo y cuestionó el "asambleísmo".

Su par oficialista, Gregorio García Biagosch, defendió las inversiones realizadas en salud y aseguró que hay buena predisposición oficial para encontrar una solución a la crisis, pero exigió que los movilizados cedan posiciones.

El titular de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi, en cambio, avaló las protestas y rechazó las opiniones de Mansilla. "Dijo que los que estábamos en política debíamos respaldar la política, lo que me parece equivocado porque estamos para darle soluciones a la gente y no a un sector determinado. Es una afirmación reprobable, cuando lo que se debe hacer es gastar bien y concienzudamente", señaló.

Contra el gobernador

"Es cierto que algunos intentan explotar políticamente lo que es una reivindicación salarial de los médicos, pero no altera el espíritu de las protestas -aseveró Osvaldo Cirnigliaro-. Lo que me alarma es lo que dijo José Alperovich, quien anticipó que si le paga lo que piden y les corresponde, tiene que irse. Que se vaya entonces; otros nos haremos cargo de cumplir la ley". El laborista sostuvo que la fortuna personal del gobernador superó los U$S 300 millones.

Armando Cortalezzi reaccionó. "Tenemos un gobernador responsable que sabe lo que hace, no como otros que fueron creadores de los bonos (de Consolidación de Deudas)", dijo, al recordar la gestión de Cirnigliaro como ministro de Economía de Fernando Riera. "El conflicto es humano y económico. Hay familias que terminaron desintegradas", añadió, al relatar el caso de Luis Correa, que falleció tras una cirugía de apéndice.

Cirnigliaro respondió y justificó el nacimiento de los Bocade, aunque luego se desnaturalizaron. Cortalezzi volvió a intervenir para desmentirlo. Cano cortó el contrapunto cuando les pidió, irónicamente, que las internas en el PJ se resuelvan fuera del recinto.

El presidente del bloque Tucumán Crece, Roque Tobías Alvarez, terció en la disputa y remarcó que la UCR también tiene internas como lo evidencia la orden dada por la Universidad Nacional de Tucumán a Canal 10 para que cubra adecuadamente las protestas de los autoconvocados de la salud.

"¿Que se vayan todos para que vengan quiénes? Hace dos años, 530.000 votos definieron cómo se debían integrar los poderes de la Provincia. Los profesionales y empleados de la salud pasaron de 6.300 a 14.000 en los últimos años. Hay un diálogo de sordos. Hay que defender las instituciones y la democracia contra los apolíticos; todos tienen el derecho de peticionar, pero el pueblo no delibera ni gobierna sino por sus representantes", afirmó.

Alvarez remarcó que si el Gobierno cede al planteo de los médicos luego deberá hacerlo con el resto de los empleados públicos, y no hay recursos para todos.

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