El conflicto por el relleno de Bouwer, cada vez más cerca de la vía judicial

El plazo para cerrarlo finaliza el 1º de abril / En esa fecha, todavía no estará listo el sistema alternativo / Duras críticas a la Municipalidad de Córdoba.

El conflicto por la basura del área metropolitana de la provincia de Córdoba parece encaminarse hacia la judicialización. Sucede que será imposible de cumplir la promesa del intendente capitalino, Daniel Giacomino, de cerrar el enterramiento sanitario de Bouwer el 1º de abril. En tanto, desde esa comuna reafirmaron que el relleno será clausurado cuando se cumpla el plazo prometido.

En conflicto deja en el medio a 1,6 millón de habitantes, distribuidos en casi 20 localidades de la provincia, que disponen sus residuos en el predio de Bouwer, ubicado a 18 kilómetros al sur de la Capital.

Juan Lupi, jefe comunal de esa localidad, afirmó en reiteradas oportunidades que la fecha del 1º de abril no se negocia, y que vencido ese plazo, clausurarán el enterramiento sanitario.

El biólogo Raúl Montenegro, presidente de la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) y asesor de la comuna de Bouwer, explicó que en esa localidad existe una ordenanza que torna ilegal el enterramiento de basura desde el 1º de abril. "No hay negociación posible, porque existe esa norma", afirmó.

Ante esa circunstancia, la judicialización del conflicto parece ser la única vía posible. "Es un camino. Y hay dos derechos: el de la comuna de Bouwer y el derecho de 1,6 millón de habitantes para tratar su basura", analizó Eduardo García, presidente de Crese, la empresa que tiene a su cargo la operación del enterramiento.

"Cualquier resolución va a tener que lidiar con eso", agregó García.

Montenegro, por su parte, calificó de "injusta" que por la situación del 2 de abril recaiga toda la responsabilidad sobre los habitantes de Bouwer.

"También es injusto que se termine confiando en una decisión judicial impulsada por los olores", manifestó el ambientalista.

Montenegro destacó que el juez que se haga cargo del asunto, pagará indefectiblemente costos sociales.

El titular de Funam agregó un dato más: que ya existe una presentación judicial al respecto: "Las actividades de Crese hasta ahora no están ajustadas a derecho, porque no tienen la autorización formal de Ambiente provincial, no está aprobado el impacto ambiental".

Apunten al municipio. En Crese aseguran que no son responsables de la situación caótica que se avecina. El pedido formal para que elaboraran los pliegos para el llamado a licitación para la alternativa a Bouwer llegó el 2 de noviembre pasado, siete meses después del compromiso público de Giacomino para cerrar el enterramiento. El 9 de diciembre se elaboró el primer borrador, y el 22 de diciembre llegó la aprobación del municipio.

En la primera semana de enero se realizó, finalmente, el llamado a licitación para el procesamiento de los desechos que genera Córdoba.

Montenegro apuntó sus dardos no sólo contra la Municipalidad capitalina: también responsabilizó a la Provincia.

"Hubo gestiones irresponsables en el municipio, y no sólo de Giacomino, sino de sus predecesores, que permitieron las fosas uno a nueve del enterramiento, ignorando a la comunidad de Bouwer", puntualizó el ambientalista.

Sin embargo, en Bouwer critican al intendente por "el poco diálogo" y porque "desperdició el tiempo".

El titular de Funam enumeró una serie de "torpezas" cometidas por la administración municipal luego de que se anunciara el cierre del relleno: primero, la posibilidad de procesar la basura en barrio Sacchi, el rechazo de la Universidad Nacional de Córdoba a elegir un nuevo predio y la polémica en Lozada.

También le pegan a Ambiente de la Provincia, por permitir que 18 localidades entierren sus desechos en un mismo lugar. "Hay una política que en este momento no existe, y tendría que haber cómo puede solucionar cada localidad su problema", finalizó Montenegro.

Los terrenos de Bajo Grande

El futuro predio de procesamiento de la basura sería finalmente el de Bajo Grande, paraje ubicado a 10 kilómetros de Lozada. Para que quede firme esa decisión, resta un decreto del gobernador, Juan Schiaretti.

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