CONFLICTO DE LECHEROS Un peritaje complicó a la seccional rosarina de ATILRA

Una de las balas disparadas en la pelea entre dos facciones del gremio lechero, que terminó con un muerto, corresponde a un revólver secuestrado en la sede local del sindicato.
La dirigencia rosarina del sindicato de trabajadores de la industria láctea, Atilra, quedó formalmente comprometida en la investigación sobre el violento enfrentamiento ocurrido el pasado miércoles 3, que terminó con un manifestante muerto, decenas de heridos y varios destrozos.

El peritaje ordenado por la jueza penal María Luisa Pérez Vara sobre uno de los proyectiles recogidos en la escena de la batalla -frente a la sede del gremio- indicó que fue disparado por una de las armas que la policía había secuestrado, poco después de los incidentes, dentro del edificio sindical.

El proyectil analizado había impactado en el frente de una casa situada en la ochava opuesta al local gremial y corresponde a uno de los revólveres calibre 38 que fueron incautados en el allanamiento que la magistrada ordenó minutos después de ocurrida la pelea callejera entre afiliados rosarinos al sindicato lechero y una columna de 800 manifestantes alineados a la conducción nacional de Atilra.

El resultado del peritaje contradice lo afirmado por los dirigentes locales como Víctor Vega y Ariel Chávez, quienes habían deslindado responsabilidades sobre el uso de armas de fuego e incluso habían puesto en duda el modo en que esas armas –dos revólveres, una pistola del 22 y un caño de escopeta– habían sido depositadas en el local: "Ese día entró y salió mucha gente del sindicato", dijeron.

Lo que todavía no se probó es si una de esas armas disparó la bala que acabó con la vida del dirigente cordobés Héctor Cornejo, de la central de Atilra. Por ese crimen está detenido Raúl Cazón, un hombre de 36 años, vinculado a la barrabrava de Newell's Old Boys, que solía prestar servicios como custodio en boliches y que –según declaró– ese día había sido contratado por la Seccional Rosario de Atilra para garantizar la seguridad del acto que se realizaba frente a su sede. Por ese trabajo, Cazón cobró 100 pesos.

Tras permanecer dos días prófugo, Cazón se entregó y dijo que él no disparó ningún arma y que decidió ponerse a disposición de la jueza Pérez Vara porque su vida corría peligro.

Según fuentes policiales, la situación de Cazón se ve comprometida por imágenes grabadas durante la batalla que aparentemente mostrarían al custodio abriendo fuego contra el grupo de manifestantes identificados con remeras amarillas (los de la conducción nacional del gremio).

El abogado de Cazón, Carlos Varela, sostuvo que esas imágenes no tienen la suficiente nitidez como para establecer a ciencia cierta que esa persona que se ve empuñando un arma es el propio Cazón.

Ayer trascendió de fuentes judiciales que la causa podría ser calificada como homicidio en riña agravado por el uso de armas, lo que podría complicar a un mayor número de personas. Eso obedece a un análisis elemental: no es lógico que una sola persona esté imputada de una gresca en la que participaron decenas de personas de uno y otro lado.

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