El día a día de un conflicto que se extendió más de lo esperado

Entre negociaciones e instancias judiciales pasaron noventa días desde la usurpación.
* 15 de enero. Un grupo de vecinos del barrio General Pueyrredon toma casi 50 casas del barrio El Martillo, que habían sido construidas en el marco del Plan Dignidad. Estas viviendas estaban destinadas a relocalizar a los habitantes de la villa de Paso, pero las obras se paralizaron porque las empresas encargadas de los trabajos pidieron una redeterminación de precios. El abogado de las familias, Juan Pablo Gelemur, presenta un recurso de amparo para evitar el desalojo. Pero el juez de Garantías, Juan Tapia, lo rechaza con el argumento que "esas personas no tenían el derecho de ocupación ni de permanecer en el lugar".

* 16 de enero. El segundo día de ocupación se caracteriza por las confusiones y polémicas. Mientras la fiscal Graciela Trill notifica la imputación penal que pesa contra los usurpadores, el juez Tapia aclara que todavía no se había presentado ninguna denuncia. Las declaraciones cruzadas generaron sorpresa en el ambiente judicial. Además, Pulti se mete en el conflicto y dice que quienes ocuparon las casas eligieron un camino equivocado. En la villa de Paso, la tensión comienza a crecer entre los vecinos que reclaman sus viviendas.

* 17 de enero. La Policía cerca la zona para que no ingresen más familias a la zona. El conflicto se politiza y ya se prevé que no será de fácil resolución.

* 20 de enero. La municipalidad formaliza la denuncia contra los vecinos que usurparon las viviendas y reclama por los derechos de los habitantes de la villa de Paso que piden ser relocalizados. Funcionarios de la provincia también solicitan el desalojo.

* 22 de enero. Comienza la mediación. La funcionarios de la provincia y de la municipalidad le piden a los vecinos que se retiren de las casas en el menor tiempo posible. A cambio les ofrecen no abrirles un proceso por usurpación. Las negociaciones pasan a un cuarto intermedio.

* 23 de enero. Las negociaciones fracasan y es inminente la intervención directa de la Justicia.

* 24 de enero. El conflicto se judicializa. Agotada la posibilidad de conciliar, la fiscal Graciela Trill vuelve a impulsar la causa y solicita que las casas se desocupen. La resolución para ordenar el desalojo queda transitoriamente en las manos del juez de Garantías Gabriel Bombini.

* 26 de enero. La Justicia confirma que existe el delito de usurpación, pero dispone de una nueva etapa de negociación antes de ordenar el desalojo. El plazo para llegar a un acuerdo es de siete días.

* 27 de enero. El desalojo se traba y el conflicto se agrava. Los vecinos de la villa de Paso manifiestan su enojo y se autoconvocan en Juan B Justo y Las Heras para reclamar una rápida entrega de las viviendas. En la zona de las casas, estudiantes universitarios y militantes de movimientos sociales apoyan la usurpación.

* 2 de febrero. Fracasa la segunda ronda de negociación. Se espera un inminente pedido de desalojo.

* 5 de febrero. El juez Tapia ordena desalojar las viviendas. Pero la medida todavía no puede concretarse porque quedan instancias judiciales por cumplir y hay recursos de apelación. De todas maneras, el juez dispuso que se respeten todos los estándares internacionales en caso de concretarse la medida.

* 6 de febrero. El fallo del juez Tapia es apelado y las casas no pueden ser desalojadas hasta que la sentencia quede firme. El conflicto se sigue dilatando.

* 17 de febrero. Los plazos judiciales se extienden porque el abogado de las familias usurpadoras, Juan Pablo Gelemur, pide ampliar su presentación oralmente y no por escrito.

* 20 de febrero. El Instituto provincial de la Vivienda anuncia que las casas del barrio El Martillo serán terminadas cuando se desalojen. Esta declaración suma impaciencia en los vecinos de la villa de Paso.

* 6 de marzo. Los ocupantes de las casas sufren un revés judicial. El magistrado Saúl Errandonea rechaza el recurso de amparo presentado por una de las mujeres usurpadoras de las viviendas, que pretendía impedir cualquier actitud de desalojo.

* 17 de marzo. La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirma que las viviendas del barrio El Martillo están siendo usurpadas y ordena su desalojo. Los magistrados piden que los vecinos sean sacados pacíficamente y en caso contrario avalan el uso de la fuerza policial, aunque cumpliendo una serie de requisitos internacionales. El abogado Juan Pablo Gelemur insiste con que este fallo no hace quedar firme la sentencia de primera instancia.

* 1 de abril. El subsecretario de Gobierno municipal, Fernando Gauna, manifiesta su preocupación por la dilatación del desalojo. Y cuestiona a la Justicia: "Parece que no se dan cuenta de que los días pasan y es cada vez peor", dijo.

* 15 de abril. La fiscal Graciela Trill confirmó a LA CAPITAL que "ahora sí, es inminente el desalojo" en El Martillo. "Se vencieron todos los plazos" -dijo- y aseguró que se cumplirá estrictamente con todos lo ordenado por el juez Tapia

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