La Unidad de Información Financiera (UIF) informó al juez federal Sebastián Casanello que el presidente Mauricio Macri “conformaría” el directorio de la empresa offshore Kagemusha SA, pero señaló que esa información “no es válida para procesos jurídicos” por lo que debería ser corroborada a través de un exhorto diplomático. Con esa advertencia, el organismo deja abierta la puerta para que la defensa del mandatario cuestione la validez de esos datos como prueba judicial.

El despacho corrobora a medias la información

que figura en el Registro Público de Panamá

El despacho de inteligencia de la UIF, que dirige el ex funcionario del FMI Mariano Federici, corrobora a medias la información que figura en el Registro Público de Panamá sobre la participación de Macri en Kagemusha SA, empresa en la que aparece como director y vicepresidente.

Según ese informe, la compañía está radicada en Panamá con el folio Número 71446, inscripta el 11 de mayo de 1981, con un capital social de 10 mil dólares, registrada por Eloy Benedetti y Rodrigo Arosemena, y tendría como presidente a Franco Macri y el resto del directorio estaría integrado por Gianfranco, Francisco y Mauricio Macri.

“La empresa en cuestión no mantendría propiedades registradas en Panamá ni actividad comercial declarada, no mantendría antecedentes criminales ni se encontraría vinculada a procesos relacionados con drogas o criminalidad organizada, encontrándose en la lista de sociedades con riesgo de ser disuelta por el no pago de los impuestos anuales”, señaló el escrito de la UIF.

Casanello había requerido esos datos al organismo a raíz de la causa en la que Macri es investigado por “omisión maliciosa” de bienes en su declaración jurada. Se lo acusa de no haber declarado su participación en las sociedades offshore Kagemusha y Fleg Trading LTD, esta última con sede en las Islas Bahamas.

Desde la UIF advirtieron al magistrado que la información “no es válida para procesos jurídicos, puede ser considerada solamente como información de inteligencia y que a fines de poder ser utilizada como prueba, las autoridades competentes la deben requerir a la República de Panamá apelando al acuerdo en materia de asistencia jurídica entre ambos países”. Esa aclaración podría servir para que Macri adujera que los datos brindados por el organismo no son válidos como prueba en la causa, pese a que también figuran en el Registro Público panameño.

La empresa no mantendría propiedades

registradas ni actividad comercial declarada

Esto último ocurrió en el caso de los hijos del empresario Lázaro Baez, que cuestionaron la información de la UIF sobre la existencia de supuestas cuentas bancarias en Suiza a su nombre.