Campagnoli había presentado un amparo para ser repuesto en su cargo, tras la suspensión que le impuso el Tribunal de Enjuiciamiento de Fiscales. El juez de primera instancia Pablo Cayssials rechazó en diciembre la medida cautelar, y ahora hizo lo mismo con la cuestión de fondo de ese pedido de amparo. Sin embargo, Cayssials dispuso esta vez que el fiscal vuelva a percibir la totalidad de su salario, ya que al suspenderlo el jury había decretado un embargo del 30% de sus haberes.

La defensa de Campagnoli objetó la imparcialidad del tribunal que debe juzgarlo, e insiste en una persecución en su contra. Frente a esto, el juez Cayssials sostuvo en su sentencia: “El proceso de enjuiciamiento aquí cuestionado (por el juicio político) resulta claramente el ámbito propicio para que el actor pueda ejercer y hacer valer los derechos y garantías constitucionales que entiende vulnerados”. Y añadió que “no se logra advertir con entidad suficiente la presunta parcialidad del Tribunal alegada por el amparista”.

La defensa de Campagnoli podrá apelar esta resolución ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, el tribunal que lo juzgará en esa instancia es el mismo que ya falló en su contra durante el verano, por lo que, tanto el fiscal como su abogado Ignacio Irigaray, prevén una decisión adversa. De todos modos, declararon estar “tranquilos” con las pruebas y pedirán que el juicio sea público y filmado.

Las acciones en contra de Campagnoli fueron impulsadas a fines del año pasado por la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, alineada con el Gobierno. Se lo acusa de mal desempeño en la investigación de una causa por lavado de dinero en que involucra al empresario kirchnerista Lázaro Báez. Al respecto, el fiscal declaró ayer al portal Infobae: “ Mi actuación incomodó a muchos.

Está claro que interesaba que yo no siga investigando al poder”.

El jury que encabezará el juicio político todavía no fijó fecha para comenzar las audiencias y tiene plazo hasta junio para hacerlo.

En tanto, se presentó ante la Justicia un pedido de restitución del fiscal en su cargo con más de 265 mil firmas que recolectaron grupos encabezados por Graciela Ocaña (Confianza Pública), Gabriela Michetti y Laura Alonso (Unión PRO), y las organizaciones Será Justicia y Change.org.