Confirmaron sentencia contra abusador.

El Superior Tribunal de Justicia de Río Negro confirmó la sentencia dictada el 5 de noviembre de 2008 contra un sujeto de 52 años, al que habían hallado culpable de violar y embarazar a una niña de once años. El recurso de queja presentado por su defensor, fue rechazado.
Se trata de la confirmación del fallo, dictada por el Superior Tribunal de Justicia en el caso seguido contra Gilberto Soto (52), al que la Cámara Primera del Crimen había condenado el 5 de noviembre de 2008, a la pena de ocho años de prisión, tras encontrarlo autor penalmente responsable del delito de abuso sexual.

El caso seguido contra Soto, había comenzado tras el pedido de elevación a juicio elaborado por la fiscal de grado Mirta Siedlecki, quien le atribuyó al imputado la comisión del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma de fuego cometido en forma reiterada –al menos doce hechos- y coacción, todo en concurso real. De acuerdo a la acusación de la fiscal, los hechos se produjeron desde una fecha cercana a la navidad del año 2005 –fecha en que la víctima tenía 11 años recién cumplidos- en su domicilio del barrio Malvinas, amenazándola mediante el uso de un arma de fuego con que iba a matar a su hermano y su madre.

Contra la sentencia, el defensor Rodolfo Rodrigo había deducido un recurso de casación, cuya denegatoria motivó la queja que ahora examinó el STJ. El defensor había insistido en que "en los ámbitos en que Soto y su familia y la niña circulaban, la promiscuidad sexual entre grandes y chicos es un elemento incorporado a la vida común, y aceptado y repetido...".

El defensor apuntó que el acta del debate, contenía tantas inexactitudes que perjudicaron a la sentencia, sosteniendo que falseaba un elemento esencial que sostenía su planteo de error de tipo -la licenciada Lespai dijo que la chica abusada aparentaba 14 años, y no 16 ó 17 como aducía el imputado- y estimó que a su pupilo lo condenaron por el texto del acta y que los magistrados no vieron la Cámara Gesell.

El hecho atribuido, indicaba que Soto hallándose en su domicilio junto a la niña de once años de edad, amenazándola de que "si no se quedaba iba a matar a su hermano y su mamá" y apuntándole con un revólver calibre 38 Especial, la tiró en la cama y comenzó a manosearla, para luego dejarla ir tras amenazarla nuevamente de muerte si contaba algo de lo ocurrido. Así, mediante tales amenazas, logró que la joven concurriera en reiteradas oportunidades -al menos doce- a su domicilio, hasta el 11 de julio de 2007, donde la obligaba a desnudarse apuntándole con el revólver mencionado y abusaba sexualmente de ella. Asimismo, le efectuó algunos regalos -como un teléfono celular mediante el cual se comunicaba con la niña cuando ésta se hallaba en el período lectivo, un par de zapatillas y otros efectos-, para lograr que fuera a su vivienda y que mantuviera silencio sobre lo que estaba ocurriendo en tal lugar. Con motivo de estos abusos reiterados, la jovencita quedó embarazada apenas producida la menarca, dando a luz a un bebé en octubre de 2007. También le habían atribuido un hecho ocurrido en julio de 2007, cuando al concurrir la madre de la menor a recriminarlo por la conducta que había tenido con la niña, el imputado la amenazó diciéndole: "vos llegás a meter a alguien más en esto y acordate que queda la cagada; yo tengo quien lo haga... no te olvidés que yo puedo buscar a alguien para que te mate", con el fin de intimidarla para que no formulara denuncia en su contra.

Pero los jueces del STJ, opinaron que "tal hipótesis es en verdad irrelevante en tanto el juzgador establece -y no resulta contradicho en el recurso de casación- que el abuso sexual se dio bajo la forma comisiva de la amenaza; en consecuencia, acreditada ésta, es innecesario discutir acerca del tope de la edad del sujeto pasivo o del error del imputado sobre tal tope. Bajo ningún supuesto hubo consentimiento de la menor".

Y luego apuntaron que "el error de prohibición debe ser acreditado, y no podría sostenerse de modo razonado que el imputado no comprendía lo injusto del acto o desconocía que éste fuera contrario al derecho cuando, para lograrlo o para lograr el silencio ante lo ocurrido, amenazó a la víctima. Además, computo que el imputado ya había sido condenado como autor penalmente responsable del delito de abuso sexual simple de menor de trece años".

Concluyendo entonces que "Por las razones que anteceden, y luego de una revisión integral de la sentencia en el marco de los agravios deducidos, entiendo que una mejor administración de justicia aconseja negar la instancia en tanto el recurso manifiestamente no puede prosperar, lo que obedece a las previsiones del artículo 18 de la Constitución Nacional, que manda a terminar en el menor tiempo posible con la situación de incertidumbre que todo proceso penal abierto conlleva. En razón de lo expuesto, propongo al acuerdo rechazar el recurso de queja deducido en las presentes actuaciones".

Los alegatos tras el juicio

Para el fiscal de Cámara Carlos López, el caso debía encuadrarse en el delito de abuso sexual calificado y había solicitado una pena de diez años que debía unificarse a su criterio con la anterior condena impuesta, por lo que el acusado, a su criterio, debía cumplir una condena de once años de prisión. En su alegato tras el juicio sostuvo que la función prevencional de la condena en suspenso no sirvió, porque el imputado volvió a incurrir en la misma temática y en el mismo domicilio, llevó a cabo su accionar. Resumiendo que la versión dada por Soto en su descargo, era inadmisible y enfatizando que en su testimonio, la pequeña menciona tres veces la existencia del arma con la que era amenazada.

En tanto que el defensor particular Rodolfo Rodrigo había reclamado por la absolución de su pupilo, indicando que el acusado no entendía porque estaba detenido. Explicó que no sabía leer ni escribir y adujo que el fiscal y la asesora de menores no conocen la realidad de los barrios, en donde es habitual que la vida sexual comience en ese rango de edad. Y subsidiariamente, pidió una condena de un año de prisión - menos del mínimo establecido para el delito de estupro-. También descartó la existencia de las amenazas y la utilización de un arma.

El comienzo de la historia reconocida y un antecedente

El caso se inició cuando una operadora de Promoción Familiar, detectó que la joven tenía una panza importante que a simple vista denotaba un embarazo, por lo que aconsejó el traslado a la Casa de Salud del barrio, en donde al realizar el test de embarazo dio positivo. Producto de los abusos, la joven dio a luz el 31 de octubre del año pasado y el registro genético de ADN, arrojó como resultado que el padre de la criatura resultaba ser el imputado.

Durante la primera audiencia del juicio, el hombre aceptó la existencia de una relación, aunque descartó de plano las amenazas y se defendió diciendo que creía que la joven era mayor. También, ese día, declaró la madre de la víctima, quien lógicamente manifestó un gran enojo por la situación.

Soto, registraba una condena anterior impuesta por el mismo tribunal de la Cámara Primera del Crimen el 14 de agosto de 2002, de un año de prisión en suspenso en orden al delito de abuso sexual simple cometido contra un niño de 10 años de edad, al que había manoseado en el interior de su vivienda.

En aquella causa, en principio se sospechó de un cuadro más grave, porque eran varios los jovencitos que concurrían a su domicilio para jugar a los videojuegos, pero finalmente pudieron comprobar que el 27 de marzo de 2001, el chico se presentó a jugar como en anteriores ocasiones y en determinada circunstancia, Soto comenzó a acariciarlo en la cintura, en las piernas y en sus genitales, para luego apoyar sus genitales sobre las partes íntimas del menor. Todo ello ocurrió cuando ambos tenían la ropa puesta y en cuanto intentó extraer su pene, el niño se fue llorando del lugar.

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