Mientras la Justicia avanza en la constatación de más inmuebles vinculados a Lázaro Báez, la Sala II de la Cámara confirmó hoy el embargo y la inhibición general de bienes que el juez Sebastián Casanello solicitó sobre el empresario K, preso hace cinco meses por lavado de dinero. 

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah decidieron confirmar el millonario embargo que recae sobre Báez. Son medidas, según el fallo destinadas a "proteger los bienes con miras a un futuro decomiso".

A la fecha sólo en Santa Cruz, el socio comercial de los Kirchner adquirió162 propiedades valuadas en $ 1.373 millones. La Justicia encontró más de cien nuevos inmuebles en diez provincias sobre las cuales se iniciaron los relevamientos para poder tasarlos, y así determinar a cuánto asciende la fortuna de Báez.

La inhibición general de bienes que alcanza al holding como el embargo de $ 800 millones había sido apelado por Báez y Walter Zanzot presidente de Top Aire, la firma de taxis aéreos del empresario K.  Este último argumntó que la medida judicial "alteraba el desenvolvimiento de la actividad empresarial", afectando el uso de las cuentas bancarias "afectando incluso el pago de salarios".  El pedido fue rechazado por la Cámara-

Así, los jueces confirmaron los embargos preventivos dispuestos sobre ochenta inmuebles no sólo del titular de Austral Construcciones, sino también de "sus allegados" como a su hijo Martín -doblemente procesado por lavado de dinero- y al grupo empresarial.  Conjuntamente, avalaron la inhibición general de bienes que se decretó sobre unas 20 empresas del Grupo Austral sospechadas de ser parte de una maniobra de lavado de activos. 

La Cámara con esta confirmación, también planteó que busca hacer frente a los compromisos económicos "que genere una eventual condena y también para hacer cesar la comisión del delito", señala el fallo. Sin embargo, aclaró que en el marco de esta medida se permita a las empresas afrontar "el pago de salarios, servicios, cargas sociales". 

También se requirió que se implementen las medidas necesarias para la confección de un inventario "e interdicción de bienes que procuren el objetivo de aseguramiento buscado sin afectar el funcionamiento en la operatoria regular que desarrollen las empresas".

El juez Sebastián Casanello y el Fiscal Guillermo Marijuan deben decidirel destino preventivo de estos inmuebles. El fin social es una medida a adoptar para muchas de las propiedades que fueron solicitadas por diferentes ONG´s y municipalidades. Respecto al parque automotor de Austral Construcciones (350 vehículos valuados en $ 81.551.000), el Juez solicitó a Vialidad Nacional que verifique el estado de la maquinaria pesada y camionetas. El organismo que dirige Javier Iguacel pidió la guarda judicial de todas las maquinarias.  

La semana pasada Casanello ordenó el embargo de 1.500 inmuebles no sólo de Báez sino de otros investigados en la causa de la ruta del dinero K. Se incluyen autos, barcos, casas, sociedades, inmuebles de Austral Construcciones, de Kank & Costilla, de Badial SA, Valle Mitre (responsable de administrar tres hoteles de Cristina Kirchner hasta 2013), también se incluyó a las estaciones de servicio, una gomería, rodados de Diagonal Sur y los inmuebles de otras empresas del Grupo.  

También se embargaron propiedades de Néstor Marcelo Ramos director de Helvetic Service Group (firma que figura en el entramado de cuentas con Suiza), 14 vehículos, un barco, un inmueble y acciones de Julio Mendoza, presidente de Austral, más dos rodados, tres viviendas y acciones de Walter Zanzot.

La Justicia investiga -según resalta la Cámara- la cuantiosa suma de dinero que recibió Lázaro Báez en concepto de contratos viales (más de $ 21.600 millones) que no se volcaron en su totalidad en las obras adjudicadas: el 50 % de las licitaciones quedaron inconclusas, pero se cobraron con un sobreprecio promedio del 65 %.