Confirmaron los directores del Estado dentro de EDECAT

Ya preparan la reformulación del plan de obras a realizar para optimizar el servicio energético. Cuáles son los fundamentos del decreto de intervención sobre la empresa.
El Gobierno ya confirmó los nombres de los dos directores que, en representación del Estado, pasan a integrar el directorio de la empresa EDECAT, a partir de la decisión oficial de ejecutar la garantía prendaria, lo que significa tomar posesión del 51% de las acciones clase A de la firma y, por tanto, asumir el control de la privatizada.

Tal como lo había anticipado EL ANCASTI, uno de los directores es Oscar Augusto Andreatta, de profesión ingeniero y quien se venía desempeñando como responsable de Coordinación con Gobiernos Locales, un área dependiente de la Subsecretaría de Servicios Públicos que conduce Rafael Assante.

El otro representante del Estado en la empresa es Sergio Pablo Díaz, abogado, quien se desempeñó por alrededor de tres años como asesor legal del ENRE hasta que pasó a integrar el equipo de asesores de Javier Silva cuando se hizo cargo del Ministerio de Gobierno. Antes había concursado -y quedado entre la terna seleccionada- para ser gerente de los usuarios del ente de contralor, una figura que nunca fue cubierta.

Aunque el decreto 2080 del 24 de octubre señala que los directores entrarán en funciones inmediatamente, desde la empresa aseguraban que hasta anoche los dos funcionarios no habían ingresado formalmente a la firma. Sin embargo, se sabe que ambos mantuvieron reuniones con el equipo técnico de Servicios Públicos para terminar de definir las primeras acciones en el marco de la intervención a EDECAT.

Este diario pudo saber que el domingo, el Gobernador manifestó a ministros y otros funcionarios su pretensión de priorizar la realización de obras energéticas en el interior y en algunos puntos de la Capital para optimizar el servicio.

Con esas directivas, en la Subsecretaría de Servicios Públicos ya se pusieron a reformular el plan director de obras que la empresa debía ejecutar con los 33 millones de pesos que la Provincia reconoció como deuda a la privatizada en el marco del acta acuerdo de renegociación del contrato.

El decreto de intervención sobre EDECAT, cuya letra se conoció recién ayer, consta de siete artículos. Señala que la empresa incurrió en "graves incumplimientos" de su contrato de concesión; ordena ejecutar la garantía prendaria de la empresa, constituida sobre las acciones clase A de la firma; designa a los dos directores provinciales y da participación tanto al ENRE como a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones.

Fundamentos

El instrumento enumera una serie de fundamentos, la mayoría aportados por el ENRE, para intervenir la empresa. Esos fundamentos concluyen que están dadas las condiciones para que el Estado ejecute la garantía prendaria y pase a posesión del 51% de las acciones de la empresa hasta que se convoque a una licitación pública para venderlas. Y destaca que tomar posesión de esas acciones "no implica, de manera alguna, la transferencia al Estado de ningún activo ni pasivo de la empresa distribuidora", ya que es la sociedad anónima la que "deberá afrontar sus deudas y obligaciones con su propio patrimonio".

Algunos de los fundamentos esgrimidos para la intervención son:

-Los perjuicios que sufrieron los usuarios tanto de Capital como de distintas localidades del interior provincial por los cortes del servicio eléctrico que se sucedieron por cinco días a partir del viernes 17.

-Los casi 62 mil usuarios de Aguas de Catamarca que se vieron damnificados debido a la dependencia del servicio hídrico de la energía eléctrica para su bombeo y tratamiento.

-La no devolución de 4,5 millones de pesos (el 46%) de lo sobrefacturado por la empresa a los usuarios por alrededor de un año y medio.

-El incumplimiento de la empresa de la campaña de medición que debía disparar la revisión tarifaria integral, pese a la intimación realizada por el ENRE.

-La falta de organización para mantener el servicio en forma regular, lo que, entiende el Gobierno, "acredita una absoluta ineficiencia" para cumplir con la prestación.

-La falta de capacidad para operar el servicio, que "pone en riesgo permanente y concreto la continuidad del servicio".

-Las sanciones por 15,7 millones de pesos aplicadas durante el último año por el ENRE a la privatizada.

-El incumplimiento y reticencia de la empresa a dar a conocer su facturación del año 2007, lo que hubiese permitido evaluar si de la relación entre lo facturado y el monto de las multas podía surgir una causal para la ejecución de la garantía prendaria.

Frente a este último incumplimiento, el ENRE procedió a estimar la facturación anual de la empresa en 49,5 millones de pesos, de lo cual se deduce que los casi 16 millones aplicados en concepto de multas, superan el 20% previsto como causal de ejecución de la garantía en función del contrato de concesión.

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