Confirmaron el desalojo de las casa tomadas en El Martillo

La Justicia ordenó el retiro de las personas que están ocupando viviendas del Plan Dignidad. El operativo fue dispuesto con una serie de medidas y previsiones. Se requiere preparación y logística.
Las viviendas del barrio El Martillo que están siendo ocupadas por familias con necesidades habitacionales desde el pasado mes de enero deberán ser abandonadas de manera voluntaria, caso contrario la fuerza policial, junto a asistente sociales y veedores de derechos humanos encabezarán un operativo de desalojo.

Así lo ordenó en las últimas horas la sala 2 de la Cámara de Apelación en lo Penal, que resolvió confirmar el fallo del juez de primera instancia Juan Tapia emitido durante el mes de febrero.

De acuerdo a esta determinación de la justicia local, los ocupantes tendrán un plazo de 48 horas para retirarse del predio de calle 49 entre Firuli y Pehuajó, aunque recién comenzará a contarse el tiempo en el momento en que quede firme el fallo. Esto será de manera inmediata a la notificación judicial, ya que si bien existe la posibilidad de una instancia adicional para que la defensa recurre (ante Casación) no será permitida por los jueces de Cámara, facultad que poseen.

La resolución tomada por los camaristas Walter Dominella, como presidente, Marcelo Augusto Madina, como vicepresidente, y Reinaldo Fortunato, como vocal, fue celebrada en la Municipalidad. "Esperábamos un fallo así porque el trabajo de relocalización de la Villa de Paso, que no es de este gobierno sino que le dimos continuidad, había entrado en un callejón sin salida. Ahora todo se va a encaminar. Que quede claro que las viviendas ocupadas son viviendas sin terminar y la única forma de completarlas es sin la gente ocupándolas", dijo ayer el subsecretario de gobierno, Fernando Gauna.

Dos meses de ocupación

El pasado 15 de febrero cerca de 50 personas del barrio Pueyrredon ingresaron al predio donde se construyen viviendas del Plan Dignidad y que tienen como preadjudicatarios a habitantes de la villa de Paso. El grupo de personas se distribuyó en las casas a medio terminar (el proceso de construcción estaba no sólo demorado, sino detenido) y las tomó. Desde ese momento se inició una lucha departe de los ocupantes para mantenerse en el lugar, diciendo haber adquirido derechos de propiedad sobre las mismas.

El problema de vivienda que sufre Mar del Plata fue aumentando conforme creció la periferia de la ciudad. Ese incremento demográfico no fue acompañado por un plan edilicio para familias de bajos recursos, con el resultado imaginable: en muchos barrios de las afueras las condiciones en las que viven miles de familias son deplorables.

Instalada esta problemática -de gran magnitud- los gobiernos nacionales y provinciales intentaron paliarla con algunos planes como es el Plan Dignidad. Sin embargo, para una demanda superior a las 7.000 plazas, la construcción de 700 casas parece una gota en el océano.

Esto genera malestar en quienes viven hacinados y al hacer valer sus derechos por una vivienda digna, optan por una conducta castigada por el Código Penal: la usurpación.

Días después de la toma de las casas, se inició el devenir judicial por medio de la fiscal Graciela Trill, quien en su rol acusatorio entendió que había delito en la ocupación. Y que los damnificados, además de la empresa constructora y el gobierno provincial, eran otros ciudadanos, aquellos que viven en la Villa de Paso y que recurrieron a los carriles legales para obtener las casas.

El juez Tapia, luego de que se agotaran un par de instancias de mediación en la que participó activamente la Municipalidad, siguió adelante con la causa y determinó que el predio debía desalojarse. También dispuso que el operativo de desalojo se ejecute 48 horas después de que el fallo quedase firme.

El abogado de los ocupantes, Juan Pablo Gelemur, presentó una apelación, llegando la causa a la Cámara, que finalmente se expidió en las últimas horas.

Desalojo en unos días

Tal como fuera informado en reiteradas ocasiones, el fallo de desalojo impone una serie de requisitos para que pueda ser ejecutado. Aunque primero y principal, que quede firme. Este estado judicial se lo da la resolución tomada por la Cámara, aún cuando existe una instancia más.

Este recurso ante la Cámara de Casación, no es un recurso que vaya a suspender la medida judicial, como sí lo fue la apelación al fallo de primera instancia. Además necesita de la "aprobación" de los camaristas Dominella, Fortunato y Madina para ser interpuesto. Algunos trascendidos y estadísticas en el Departamento Judicial Mar del Plata hacen imaginar un escenario de rechazo.

Cuando se notifique a las partes sobre el fallo de Cámara -se estima que será en las próximas jornadas- entonces comenzarán a correr las 48 horas para que los ocupantes dejen el predio. Luego, en caso de que esto no suceda, intervendrá la fuerza policial, siempre y cuando se cumplan con las rigurosas y justas condiciones.

Por empezar, se necesita un detallado informe sobre cada uno de los efectivos policiales que participarán del operativo. Aunque esto resulte un trámite a primera vista no muy engorroso, debe efectuarse y preverse. También la Municipalidad debe aportar su logística con camiones y personal especializado para ayudar a cargar las pertenencias de los ocupantes. Además, un grupo de asistentes sociales participarán para dar contención y ayuda ante cualquier incidente.

A propósito de esto, a raíz de la falta de colaboración de los ocupantes cuando se les pidió un listado para saber en qué condiciones habitacionales reales estaban (la negativa fue argumentando que al dar sus nombres serían criminalizados), no se conoce con certeza si alguna de estas familias estarán sin un lugar a donde ir. Al finalizar el desalojo, la Municipalidad debe dar alojamientos transitorios a quienes estén en esa condición. Como no existe un registro, la situación es desconocida.

Otro punto importante es el de los observadores. Debido a que se trata de un tema sensible, el juez Tapia al emitir su fallo incluyó como condición ineludible -ya es esto una práctica habitual en todo el país- la presencia de organizaciones de derechos humanos.

Y por último, por si fuera poco, también debe haber una condición climática favorable.

Comentá la nota