CONFIRMAN PROCESAMIENTOS CON MULTIMILLONARIOS EMBARGOS

La Cámara en lo Criminal Federal confirmó el procesamiento de ex funcionarios menemistas y directivos de la empresa Thales Spectrum por supuesta millonaria defraudación al Estado con la concesión del espacio radioléctrico, indicaron fuentes judiciales.
Días atrás, el CIADI -el tribunal de controversias que

funciona dentro de la órbita del Banco Mundial- rechazó en forma total la demanda iniciada por 600.000.000 de dólares contra la Argentina por la empresa Thales Spectrum Argentina (TSA).

La medida de la Cámara, que coincidió con la dictada en

primera instancia del juez Sergio Torres, alcanzó -entre otros- al ex secretario de Comunicaciones, Germán Kammerath y al directivo de Thales Spectrum International, Jorge Justo Neuss, con embargos de 100.000.000 y 200.000.000 de pesos, respectivamente, sobre sus bienes.

También fueron confirmados los procesamientos, en todos los

casos sin prisión preventiva, del presidente de Thales Spectrum Argentina, Juan Carlos Casagne; el subsecretario de Comunicaciones, Alejandro Cima; el ex presidente de la Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC); Roberto Catalán y a sus ex vicepresidentes, Roberto Uanini y Hugo Zothner, todos con multimillonarios embargos.

La lista de procesados se completa con Alberto Gabrielli, ex presidente de la Comisión de Seguimiento y Preadjudicación; Patricio Feune de Colombi, ex miembro del directorio de la CNC; Pablo Arancedo, ex Director de Asuntos Jurídicos de la CNC; y Matías Bourdieu y Luis Romero, ex miembros de la comisión.

El sumario penal se inició el 16 de julio de 2001 a raíz de

una denuncia anónima sobre irregularidades en el "proceso de licitación mediante concurso público nacional e internacional para la concesión de los servicios de administración, gestión, control y comprobación técnico de emisiones del espectro radioeléctrico".

La denuncia sostuvo que "la adjudicación de la concesión a la contratista fue consecuencia de una configuración del Pliego de Bases y Condiciones que tuvo en miras a favorecer a la empresa en cuestión, con la cual se había acordado previamente que resultaría adjudicataria y además cuales serían los términos del contrato".

La causa había sido sobreseída en su momento por el entonces juez federal Jorge Urso, pero la Sala II de la Cámara revocó esa resolución, apartó al magistrado y dispuso una serie de medidas que llevó adelante el actual magistrado instructor del sumario.

La licitación, anulada por el ex presidente Néstor Kirchner en enero de 2004, se había adjudicado a Thompson Spectrum, luego Thales Spectrum por el directorio de la CNC, mediante la resolución 716 del 11 de junio de 1997 y finalmente aprobada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el decreto 127 del 28 de enero de 1998.

Los aportes realizados por la Oficina Anticorrupción y los

informes de organismos de control como la Sindicatura General de Empresas (SIGEN) y Auditoría General de la Nación (AGN) sumaron elementos incriminatorios con relación a las anomalías denunciadas.

Con un criterio que fue compartido "en un todo" por la Sala II de la Cámara, Torres evaluó que hubo un "complejo y entrelazado conjunto de operaciones espúreas, que comenzaron con el proceso de licitación y adjudicación" que habría provocado al Estado un perjuicio del orden de los 300.000.000 de pesos.

Previo al inicio del sumario una revista francesa publicó que, para obtener la concesión, Thales Spectrum "habría girado 25 millones de dólares a cuentas bancarias de Nueva York, Uruguay y de paraísos fiscales", pertenecientes a funcionarios argentinos.

Para confirmar los procesamientos, la Sala II de la Cámara

analizó pormenorizadamente la responsabilidad de cada uno de los imputados, salvo en el caso de ciudadano francés y miembro de la empresa, Jean Nicolas Rostan D'Ancesune West, fallecido luego de la medida ordenada en primera instancia.

El proceso licitatorio fue "poco transparente" y

"llamativamente beneficioso" para Thales Spectrum Argentina, expresaron los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah.

Los camaristas destacaron que las "modificaciones" realizadas en el contrato de concesión -en el que se empleó un método de evaluación "secreto"- tenían un "denominador común", que "colocaban al Estado en una situación desventajosa respecto de la concesionaria".

Con respecto a Kammerath, el tribunal concluyó que el hecho

"que el proceso licitatorio y la ejecución del contrato se hayan desarrollado en el ámbito de la CNC", no lo exime de

responsabilidad penal, porque por su condición de Secretario de Comunicaciones, debió ejercer un control sobre el operativo.

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