La Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán confirmó ayer el procesamiento del ex juez federal Manlio Torcuato Martínez, por su presunta participación en crímenes contra los derechos humanos cometidos durante la última dictadura militar.

Así lo informó el fiscal Ad Hoc de los Derechos Humanos en nuestra provincia, Pablo Camuña, quien precisó que Martínez está acusado "por los delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal, encubrimiento, abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada (todo como autor material)".

Además, detalló que la Cámara Federal "lo procesó como miembro de la asociación ilícita que llevó adelante el terror estatal".

Camuña indicó que, en la sentencia, el mencionado Tribunal señaló que el ex juez Martínez "contribuyó intencionalmente, desde su función como magistrado, con el terrorismo de Estado, permitiendo que muchos delitos de lesa humanidad pudiesen cometerse, garantizando la impunidad judicial a sus actores".

La causa

Manlio Martínez, quien entre 1974 y 1984 estuvo al frente del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán, fue procesado en diciembre de 2011 por el actual titular de esa unidad judicial, Raúl Daniel Bejas.

En su resolución, el magistrado consideró que "está acreditado -con el grado de certeza exigida en la etapa procesal en vigor- que el imputado ha incurrido en la supuesta comisión (en calidad de autor material) de los ilícitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión penal, y de encubrimiento en conexión con los delitos de lesa humanidad perpetrados en contra de María Alejandra Niklison, Fernando Saavedra Lamas, Juan Carlos Meneses, Atilio Brandsen y Eduardo González Paz".

Además, Bejas ordenó en ese entonces procesar a Martínez, de 67 años, "por resultar presunto autor material de los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y privación ilegítima de la libertad agravada en perjuicio de Miguel Romano", al tiempo que interpretó que dichos ilícitos revisten el carácter de "lesa humanidad por su vinculación con la comisión del delito de asociación ilícita agravada para atacar sistemáticamente a la población civil".

La defensa del ex magistrado federal, quien tiene prohibido salir del país, había apelado esa sentencia, que ayer fue ratificada en todos sus términos por la Cámara Federal de Apelaciones.

Según la Fiscalía de la Unidad de Derechos Humanos, a cargo de Camuña, existirían pruebas suficientes de que Martínez participó en los homicidios de esas cinco personas y en la privación ilegítima de la libertad de otra, a través del incumplimiento de sus deberes de funcionario. Además se lo acusa de haber enviado a un detenido a su cargo a un centro clandestino de detención, entregándolo al entonces encargado del Servicio de Informaciones Confidenciales de la policía provincial, Roberto “El Tuerto” Albornoz, y luego de haberlo privado de su libertad durante más de un mes.

La sentencia de la Cámara Federal deja a Martínez al borde de un juicio oral y público.