Confirman procesamiento al jefe del bloque K de Diputados de la Provincia

Confirman procesamiento al jefe del bloque K de Diputados de la Provincia
Pero la inflación y el aumento de las tarifas resintieron su capacidad de pago.
La Suprema Corte de Justicia bonaerense desestimó un recurso de prescripción presentado por el diputado provincial Raúl Pérez (del oficialista Frente Para la Victoria), en una causa por enriquecimiento ilícito.

De esta forma, el máximo tribunal de la Provincia confirmó el procesamiento del legislador por el presunto delito denunciado hace doce años.

A partir de la resolución, Pérez -presidente del bloque oficialista en la Cámara provincial- debería ser citado a declaración. Eventualmente, después del testimonio, la justicia podría pedir su desafuero.

Con este dictamen, la Suprema Corte deja firme la decisión del 2007 de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, que evaluó que la acción penal contra el diputado no estaba prescripta. Y ante ese fallo, la defensa planteó el recurso ante la Suprema Corte.

En su momento, los camaristas Carlos Alberto Ocampo, María Elena Riusech y Sara Berta Rodríguez de González, consideraron que no estaba "configurado el ilícito" porque Pérez nunca declaró a esos efectos y que, por ello, la acción no prescribía.

Ahora, después de un parate procesal de tres años, se dio traslado de las actuaciones al juzgado de Transición N° 4 de La Plata, de Carmen Palacios Arias, quien continuará la investigación. El primer paso procesal será, de acuerdo con la explicación en Tribunales, la requisitoria al diputado sobre el origen y evolución de su patrimonio.

El trámite es complejo: un farragoso compendio de papeles, tickets, aportes, cuentas de depósitos, entre otras variantes, que deberán analizar contadores y peritos En doce años, se gastaron las solapas amarillas del expediente en los despachos de varios jueces. En todo este tiempo, ningún magistrado citó a declaración al presunto enriquecido ilegalmente.

La pena prevista en el Código Penal para un delito de este tipo es de dos a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un dato: Raúl Pérez, además del cargo político que ostenta, integra el Consejo de la Magistratura bonaerense.

Es improbable que Pérez concurra a declarar. Los fueros parlamentarios lo eximen de la comparencia al juzgado.

Comentá la nota