El TSJ determinó que la causa es provincial y no federal, como pretendían los acusados. Si no hay recurso ante la Corte, resta sortear cámara juzgadora.
El alto cuerpo judicial determinó que la causa pertenece a la órbita provincial y no a la federal, como lo pretendían tres de los acusados. Con esto, queda confirmada la elevación a juicio y, de no mediar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia, sólo resta sortear la Cámara del Crimen donde se realizará el debate oral y público.
La sentencia 289 firmada por Aída Tarditti (presidenta) junto a los vocales María de las Mercedes Blanc de Arabel y Carlos García Allocco, consideró que aunque la “ofendida” –ART Provincia– tiene sede en Capital Federal, el presunto delito se configuró en Córdoba, los imputados son cordobeses, los trabajadores son de esta provincia y el pago de los beneficios fue local.
Para el Alto Cuerpo, los pagos de los resarcimientos se hicieron en Córdoba y no fueron efectuados por el Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales, de órbita nacional, sino por la ART Provincia, en Córdoba.
El recurso de casación fue presentado por los imputados Gustavo Dulce Villada, Fabián Manrique y Mario Ernesto Pacheco. La aseguradora de riesgos de trabajo pagó numerosos reclamos laborales de tramitación fraudulenta en la provincia de Córdoba.
El expediente elevado a juicio analiza 288 presuntas maniobras delictivas. Allí se sostiene que un grupo de abogados, en connivencia con médicos y con abogados de la ART Provincia, contactaban a empleados de la Municipalidad de Córdoba y los convencían para reclamar a través de la Justicia por supuestas dolencias o presuntos accidentes de trabajo. Para esto, se presentaban certificados médicos falsos con enfermedades o dolencias inexistentes.
El mayor peso de la acusación lo soporta un grupo de profesionales, acusados de asociación ilícita: los abogados Claudio Horacio Viale, Francisco Rueda, Fabián Manrique y Ariel Osvaldo Merlini, junto a los médicos Mario Ernesto Pacheco y José Luis Barbero.
Además, están involucrados en este juicio los abogados Agustín Cornavaca y Gustavo Dulce Villada, junto a los médicos Gonzalo Vieyra Ledesma, Jorge Eduardo Vieyra Ledesma, Jacqueline Muñoz, Luciana Colavino, Hilda Gonella, Nelson Montoya y Carlos Delera.
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