Confirman que no enjuiciarán a Bussi este año

Ratifican que el proceso empezará en febrero.
Finalmente, el juicio por la existencia de un centro clandestino de detención (CCD) en la ex Jefatura de Policía se realizará a partir del 16 de febrero de 2010. Será el primer proceso donde se abordará en conjunto varios expedientes sobre desapariciones forzadas, torturas y otras violaciones a los derechos humanos.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) confirmó la fecha al desestimar distintos planteos efectuados para agilizar el proceso y que se sustancie durante este año. Las presentaciones apuntaban a separar de la causa a Luciano Benjamín Menéndez y a María Elena Guerra, lo que hubiese permitido avanzar rápidamente sobre los otros acusados por delitos de lesa humanidad: Antonio Domingo Bussi, Albino Mario Zimmerman, Roberto Heriberto Albornoz, Alberto Luis Cattáneo, y Luis Armando y Carlos De Cándido.

El TOF destacó que los planteos coincidieron en que las situaciones procesales de Menéndez y de Guerra obstan a que se avance con el juicio oral hasta el dictado de una sentencia definitiva lo más rápido posible. Sin embargo, aclaró que el inicio del debate no depende exclusivamente de esos imputados, sino de una serie de razones fácticas y jurídicas. "No se encuentra en juego la realización de la audiencia de debate sino su momento de iniciación", puntualizó.

El tribunal integrado por Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Josefina Curi insistió en la necesidad de garantizar y preservar los principios esenciales del sistema de enjuiciamiento penal: concentración, continuidad e inmediatez. Por ello, consideraron que la fecha prevista para el próximo año asegura la realización del proceso.

Los magistrados advirtieron sobre las consecuencias perjudiciales que podría acarrear el realizar juicios por separado, con eventuales sentencias contradictorias; la dificultad para obtener una posterior concordancia o subsanación y la pérdida de la economía procesal, mientras que un único proceso permite una más pronta y mejor administración de justicia.

"La suspensión respecto de Menéndez tiene un alcance general respecto al resto de los imputados pues, según algunas de sus defensas, afectaría al debido proceso legal y al derecho de defensa en juicio, sin que se verifique como evidente y grave el retardo que ocasiona o proporcionaría a los demás procesados. Lo que constituye un dato decisivo para la cuestión es que de los siete querellantes particulares, cinco se manifestaron en contra de excluirlo. En relación a los imputados, seis de los ocho se manifestaron en contra. Siguen perdurando la pendencia de resolución de recursos radicados ante la Cámara Federal de Casación Penal y eventualmente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", señalaron.

Los jueces caracterizaron al principio de concentración como el imperativo de procurar que la consumación de los distintos actos y diligencias procesales sean próximos entre sí, con la menor interrupción temporal posible, y que las audiencias de debate no tengan interrupción entre sí. En este juicio habrá más de 150 testimonios y una voluminosa prueba documental, lo que obligará a numerosas sesiones que no deberían ser interrumpidas por la feria de enero.

"Empezar en febrero no implica, en modo alguno, sostener un día más la impunidad", concluyeron.

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