Confirman que adulteraron carne para chicos

Alimentos con dióxido de azufre en Naupa Huen. Revocan la falta de mérito para cuatro de los imputados.
A simple vista parecía una partida de carne picada "normal", aunque con un raro color rosado. Por eso los cocineros de la pequeña escuela albergue de Naupa Huen sospecharon apenas abrieron la bolsa.

Para colmo, en febrero las temperaturas en esa sureña región rionegrina son muy altas, lo que sembró más sospechas entre los trabajadores. Como si fuera poco, también advirtieron que el vehículo que transportaba los alimentos no tenía sistema de frío.

Lo que en el año 2006 surgió como una simple duda se confirmó luego en una causa judicial, que ahora desnuda la existencia de una supuesta empresa fantasma que estaba a cargo de la distribución de alimentos en escuelas de la zona y que entregó una partida de carne "adulterada", cargada con dióxido de azufre.

Ese producto es utilizado para impedir el desarrollo de bacterias pero es considerado por el Código Alimentario como "un aditivo prohibido" que representa "un riesgo para la salud de los niños".

Cuando el caso se conoció, en 2006, la seccional Roca de la Unter presentó una denuncia penal que recayó en el juzgado a cargo de Pablo Iribarren.

El magistrado dictaminó inicialmente la falta de mérito para Laura Irene Picunche, Lorena Roxana Cortez, Daniela Mariel Ferrero -quienes figuraban como propietarios de la empresa La Araucanía S.A.- y de Mario Dalbene, quien habría entregado los alimentos en cuestión.

Los supuestos dueños de la empresa habían llegado a indagatoria por los delitos de previstos en el artículo 200, 201 y 203 del Código Penal, que prevé penas de entre 3 y 10 años para aquellas personas que efectúen adulteración de las partidas de alimentos..

Pero luego de dos años de investigación el juez Iribarren entendió que los responsables de dicha empresa "no alcanzan a explicar cabalmente la actividad societaria ni el papel desempeñado por La Araucanía" en la provisión de alimentos, lo que supuestamente los eximiría de responsabilidades.

Sin embargo, la fiscal Ana Benito decidió apelar la resolución y los jueces de la Cámara Tercera del Crimen, Aldo Rolando Fernando Sánchez Freytes y Carlos Gauna Kroeger (subrogó a Carlos Vila), hicieron lugar a la solicitud de la representante del ministerio público y cuestionaron la tarea de Iribarren.

Los camaristas consideraron que los delitos estaban debidamente probados, ya que existen estudios del hospital Posadas de Buenos Aires y del laboratorio Regional de Salud Ambiental con sede en Villa Regina, afirmando que la carne en cuestión estaba adulterada.

"No basta con traficar mercadería peligrosa para incurrir en este delito. También es necesario disimular su carácter nocivo; la anexión de dióxido de azufre en la cantidad de 40 mg/kg, tenía -es de presumir- la finalidad de disimular el alimento en mal estado", indica la resolución del tribunal.

El cuestionamiento al juez Iribarren también giró en torno a la responsabilidad de los integrantes de la sociedad al entender que el directorio es el órgano encargado de la administración de todas las actividades determinadas en su constitución.

"Estos, los directores de La Araucanía S.A., son sin duda alguna responsables de un específico deber de garantía puesto que teniendo la obligación de evitar, no impidieron la adulteración y circulación del alimento en mal estado y con los referidos agregados químicos", indicó la resolución de los jueces de la Cámara Tercera.

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso, los jueces presumen que la adulteración no se produjo a espaldas de sus directores por cuanto los beneficios con la provisión de los bienes adulterados son de esta sociedad anónima.

No menos responsabilidad le atribuyeron a Dalbene, quien no integra el directorio pero era quien cumplía con las tareas vinculadas al traslado de mercadería.

En la resolución que lleva fecha del 11 de marzo, los jueces le pidieron a Iribarren que profundice su trabajo en la investigación.

Una empresa a cargo de un conocido del gobierno

La sociedad anónima La Araucanía está conformada por cuatro mujeres, aunque solamente tres de ellas llegaron a ser indagadas por el juez Pablo Iribarren, según indica la resolución de la Cámara Tercera de Roca.

Pero luego de leer el expediente surge un interrogante: ¿Estas personas eran en realidad las propietarias de la empresa, o como afirma el escrito, son "presta nombres u hombres de paja"?

Es que después de que se conoció la noticia de la carne contaminada, una de las imputadas -Lorena Roxana Cortez- explicó en su declaración que en realidad formó parte de esa asociación por una solicitud de Carlos Muscarsel, quien le pidió prestado el nombre para inscribir la empresa.

Luego y por sugerencia de su marido, presentó la renuncia por lo que en julio de 2006 cedió la totalidad de los derechos a favor de "Carlos Alberto Muscarsel" quien en ese mismo acto denunció adquirirlos "en comisión y por cuenta de terceros".

Sin embargo la renuncia se concretó meses después de conocida la entrega de mercadería adulterada a la escuela de Naupa Huen.

Según pudo averiguar este diario, Muscarsel aparece como apoderado de La Araucanía S.A, en una licitación pública de 2006 para proveer de alimentos a un Hogar de Ancianos del Ministerio de Familia, en El Bolsón lo que a las claras muestra su vinculación con la firma cuestionada.

El supuesto "representante" de la empresa no es un desconocido para el gobierno rionegrino: también tuvo a su cargo la concesión del sistema de radares en las rutas rionegrinas a través de un convenio que firmó en 1998 la Policía con la empresa "Control Sur", propiedad del abogado quien por ese entonces tenía oficinas en Roca.

Ayer este diario intentó contactar a Muscarsel en Viedma para consultarlo acerca de su vinculación con la firma, pero no respondió a las consultas efectuadas telefónicamente.

Según consta en el registro de proveedores en Viedma, la empresa La Araucanía S.A. tiene vencido desde octubre de 2008 la actualización de sus datos en la oficina de Suministros de la provincia, con lo cual se puede inferir que no está prestando servicios en la distribución de alimentos para el Estado rionegrino. (AR)

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