Confían en el rechazo del amparo por el acueducto a "TierrAlta"

El municipio carlospacense contestó la semana pasada el recurso de amparo presentado por los concejales Sebastián Guruceta (FCyS), Raquel Merlino, Esteban Avilés (UCR) y Amalia Gómez (Encuentro y Participación), vinculado a la firma del convenio entre la Municipalidad, la Subsecretaría de Recusos Hídricos de la Provincia y la empresa South American Trust (que construye el country TierrAlta), para la construcción de un acueducto desde el lago San Roque hasta el emprendimiento inmobiliario.

La presentación fue hecha por el Asesor Letrado, Carlos Lencinas, quien confío en que la Justicia "rechazará", en las próximas semanas, el pedido efectuado por los integrantes del cuerpo legislativo.

La contestación no tardó en hacerse y se apoya en varios puntos fuertes, que dejarían sin argumentos firmes el amparo que generó gran controversia en la ciudad de Villa Carlos Paz. El primero de ellos es que, según se asegura en la respuesta del Ejecutivo, "no existe claúsula en el ordenamiento municipal, ni provincial, ni en la Constitución Nacional, como tampoco en la jurisprudencia local ni nacional, que habilite a un concejal (legislador) a recurrir al Poder Judicial para que revise los actos legislativos del propio poder del cual es miembro".

Asimismo, también se expresa que no se ha incurrido en una violación al artículo 134 de la Carta Orgánica al aprobarse sin doble lectura el proyecto (que era lo que se cuestionaba), ya que "no se otorga el uso continuado y exclusivo" del bien de dominio público, sino que el texto del acuerdo aclara que "una vez concluída la construcción del conducto desde el emprendimiento hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales, el mismo será donado a la Municipalidad".

Otro de los puntos que se incorporaron reza que "intentar que por conducto de una acción judicial el Poder Judicial de la Nación, legisle y `derogue` normas, constituye una clara e inconstitucional invasión a la zona de reserva legislativa que violentaría el principio republicano de división de los poderes consagrado en el artículo 1º de la Constitución Nacional".

Fuentes consultadas del Palacio "16 de Julio" se refieron al respecto, y sostuvieron que el recurso presentado constituye un claro ejemplo de "pretensión de gobierno de los jueces". "Hemos hecho diversos planteos, básicamente hemos señalado que el recurso de amparo no está previsto para este tipo de acciones. Nosotros entendemos que los concejales no tienen legitimación activa para hacer este tipo de planteos, porque estarían colisionando con el sistema republicano. Esto basado en que los concejales estuvieron en la sesión que dio lugar a este convenio, se pronunciaron, se expresaron y fueron escuchados, luego votaron y la votación les resultó adversa; por lo cual solicitaron que el Poder Judicial intervenga. Sin embargo, de esta forma, se pretende transformar a los jueces en legisladores"; sostuvieron fuentes allegadas a la Asesoría Letrada.

"Estos legisladores, que no han logrado ser mayoría, buscan convertirse en mayoría en la Justicia, tras haber perdido la discusión en el poder legislativo. Por lo que estarían pretendiendo revertir un planteo político mediante la vía judicial, buscan en otro poder lo que no han logrado en su ámbito"; agregaron, al tiempo que precisaron: "creemos que estos son actos no justiciables, porque se trata de una zona vedada al accionar político". "Lo único que se logra con este tipo de acciones es minar la institucionalidad en esta ciudad, porque amenazan constantemente a los funcionarios y a los concejales que piensan de manera distinta. Siempre se ven sospechados de su accionar, amedrentados y amenazados, haciendo que la libertad de poderes, la libertad de conciencia y acción no sean tales. Porque si cada legislador va a estar cuestionado, amenazado y demás, creo que no se actuará con convicción ante el temor de ser denunciado penalmente"; confesaron a este medio las fuentes, quienes se mostraron confiadas en que la Justicia resolvería rechazar el pedido de los ediles.

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