Odebrecht, el megaconsorcio brasileño dedicado a la obra pública que en Córdoba debe ejecutar seis de los 10 gasoductos troncales por un total de 2.232 millones de pesos, volvió a quedar sumergido en las aguas de la polémica luego de que se conociera que sus abogados admitieron ante la Justicia de Estados Unidos haber pagado sobornos en Argentina por hasta 35 millones de dólares entre 2007 y 2014.

Según el documento en el que se informó la admisión de los delitos de la constructora, los sobornos fueron pagados a 

“intermediarios” y a “funcionarios del Gobierno en Argentina”. Hasta el momento, se desconocen los nombres.

Odebrecht y la también brasileña Braskem –gigante petroquímico de la región y socia de Odebrecht y Petrobras– se comprometieron con los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza a pagar en conjunto 3.500 millones de dólares en multas por haber sobornado por mil millones a funcionarios de una docena de países, entre ellos, Argentina.

Por la trascendencia de la obra por construir en nuestra provincia, la más importante en materia de obra pública que se recuerde, el gobernador Juan Schiaretti despegó ayer cualquier vínculo entre las revelaciones que llegaron desde Estados Unidos y los trabajos por realizarle en Córdoba (ver Para Schiaretti...). 

Ese proceso de licitación, que concluyó con la firma de un contrato entre la firma Norberto Odebrecht y la Provincia, se realizó pese a que la brasileña ya estaba involucrada en la operación denominada “Lava Jato” –el escándalo de corrupción estructural que alcanza a toda la clase política, incluyendo a Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva y hasta el actual presidente, Michel Temer– y a que su titular, Marcelo Odebrecht, había sido condenado a 19 años de cárcel por liderar las acciones delictivas de su empresa.

En marzo de este año, legisladores de la oposición advirtieron sobre los “riesgos” que representaba para el Estado provincial seguir adelante con el convenio. 

Las respuestas del Ejecutivo fueron las mismas que ayer dio el gobernador. “No existían impedimentos legales para que Odebrecht no participara del proceso de licitación de los gasoductos”, se explicó.

No es la primera vez que el Gobierno tiene que salir a ratificar el rumbo de las obras. En junio último, voceros del Panal consultados por este diario habían asegurado que no estaba en riesgo la construcción de los gasoductos troncales. 

La aclaración fue necesaria después de que se informara que el Ministerio de Energía de la Nación había decidido suspender los trabajos de ampliación de otros gasoductos que la firma ejecuta en nuestro país, en medio de denuncias en las que se investigan posibles maniobras de sobreprecios.

Córdoba ya fue nombrada

En 2014, dos proyectos que forman parte de los gasoductos licitados en 2008 por el entonces gobernador José Manuel de la Sota, y que finalmente nunca se concretaron por falta de avales de la Nación, aparecieron en un listado que entregó un arrepentido que declaró ante la Justicia brasileña en el marco del Lava Jato. 

Se trata de Alberto Youssef, quien admitió ser uno de los cabecillas que repartió sobornos para concretar obras en diferentes países. En esas planillas figuran pagos por 28 millones de dólares, supuestamente, vinculados con las UTE conformadas por las brasileras OAS S.A y la cordobesa Electroingeniería, y la sociedad entre otra brasileña, Andrade Gutiérrez, y la nacional Britos SA., 

que luego le cedió su lugar a Iecsa S.A.

Por este tema, legisladores opositores del radicalismo, el juecismo y el socialismo le pidieron al por entonces fiscal Anticorrupción Gustavo Hidalgo –hoy juez de Control del fuero– que envíe a Brasil un exhorto solicitándole al juez de Curitiba, Sergio Moro, a cargo de la causa, detalles de lo revelado por el arrepentido. 

Hidalgo archivó la causa.

En los próximos días habrá un nuevo escrito de los opositores, esta vez ante la Justicia federal, para conocer pormenores tras la admisión del pago de sobornos de Odebrecht, según anticiparon a este diario.

Empresarios y exfuncionarios

Unas 100 empresas estarían bajo la lupa de la Justicia.Las primeras líneas de investigación apuntarían al exministro de Planificación Julio de Vido y al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime. Entre las empresas, Iecsa, de vínculos con la familia Macri, estaría en la mira de la Justicia.

Abren otra causa a pedido de Stolbizer

3.500 millones. Esa cantidad de dólares pagó de multa Odebrecht para cerrar la causa. La diputada Margarita Stolbizer solicitó ayer al fiscal Carlos Stornelli que pida al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda los antecedentes de toda obra adjudicada en el período 2007/2015 a la constructora Odebrecht.