Condiciones para salir de la crisis

Por Horacio Tomás Liendo

La crisis en curso pone en evidencia tres aspectos sobre los que será necesario trabajar: 1) los decretos de necesidad y urgencia, 2) el nivel óptimo de reservas, y 3) el margen razonable de maniobra fiscal que debe tener el Gobierno.

Sobre el primer aspecto resulta claro que la ley 26.122 resulta inconstitucional al establecer que los decretos de necesidad y urgencia conserven su vigencia hasta que las dos Cámaras del Congreso los rechacen. Si se necesitan las dos Cámaras para sancionar una ley, no es admisible que el Ejecutivo, con el mero silencio de una de ellas, pueda lograr ese resultado.

Dicho de otro modo, el Ejecutivo también debe necesitar el aval de las dos Cámaras para promulgar una ley. El rechazo de una Cámara, aunque exista la aprobación de la otra, demuestra que fue posible el tratamiento del proyecto y, aunque el resultado sea adverso al poder de turno, prueba la inexistencia de la imposibilidad de tratamiento legislativo, que es el supuesto de hecho que la Constitución contempla para conceder poderes legislativos limitadísimos al Ejecutivo.

En cuanto al nivel óptimo de reservas, luego de las experiencias nefastas de la inflación argentina, excepción hecha de los períodos en los que rigió la convertibilidad (1899-1929 y 1991-2001), resulta claro que es necesario tener reservas que respalden por lo menos el 100% de la base monetaria, los encajes de los bancos por sus depósitos en dólares (los encajes por los depósitos en pesos están incluidos en la base monetaria) y los demás pasivos del BCRA (Lebac, Nobac, BIS, Aladi, FMI, etc.). Considerar solamente la base monetaria, como se hacía durante la convertibilidad, hoy no es suficiente, ya que entonces el BCRA tenía prohibido endeudarse o prestarle al Estado, excepto en limitados volúmenes y ello mediante la suscripción de títulos públicos, y hoy le está permitido hacerlo.

La tercera cuestión tiene que ver con los llamados superpoderes. Es insostenible que el Poder Ejecutivo pueda reasignar gastos a su antojo. La posibilidad de hacerlo destruye el sistema republicano e induce a la mala práctica de subestimar los ingresos o recurrir a fondos extra-presupuestarios, como son las reservas, para atender gastos previstos en el presupuesto y, de ese modo, reasignar enormes magnitudes de dinero sin el debido control legislativo. Es razonable cierto margen de maniobra del Ejecutivo, que no debería superar más del 1% del total del gasto autorizado para un ejercicio, de manera acumulativa, es decir, sumando todas las reasignaciones que en conjunto no deberían exceder ese monto.

En las condiciones descriptas sería razonable que el oficialismo y la oposición llegaran a un acuerdo que pusiera fin al llamado Fondo del Bicentenario que, al derribar los límites entre el BCRA y el Tesoro, destruyó una construcción que había permitido proteger las reservas monetarias de las contingencias del Tesoro y abrió el camino al embargo en el exterior. Es urgente derogar, anular o rechazar el decreto 2010, no importa que lo haga su propia autora, la Justicia o el Congreso.

La responsabilidad del Gobierno en general y del Ministerio de Economía, en particular, es enorme, ya que era evidente que el decreto 2010 invitaba al embargo que finalmente ocurrió. En el fallo de la Corte de Apelaciones de Nueva York que dejó sin efecto el embargo de las reservas del BCRA (United States Court of Appeals for the Second Circuit, 5/1/2007), se hizo especial mérito del hecho de que los decretos 1599/05 y 1601/05 que habían ordenado el pago al FMI se referían a una actividad que sólo los Estados podían realizar, ya que sólo ellos pueden ser miembros del organismo financiero internacional y, por lo tanto, que no se trataba de una actividad comercial.

En el caso contrario, los fondos del Estado serían embargables ya que la actividad comercial, es una de las excepciones a la inmunidad soberana conforme al acta de 1976.

Para ser embargables, los fondos de los Estados tienen que tener una naturaleza comercial, y se entiende por tal, con independencia de su finalidad, que el mismo tipo de actividad pueda ser realizada por los particulares.

En el caso, por ejemplo, tener una cuenta corriente o pagar bonos, son actos que pueden realizar tanto los Estados como los particulares. Por eso, cuando el decreto 2010 dice que el malhadado fondo se destinará al pago de deuda en general, sin limitarla como antes a las que mantenía con los organismos internacionales, lo que reconoció conforme a la doctrina y jurisprudencia del Estado de Nueva York (USA) es que se destinaría a la actividad comercial del Tesoro, tanto en el país como en el exterior y, automáticamente, los fondos del BCRA resultaron pasibles de embargo. No sólo los fondos del Fondo del Bicentenario (por usar su denominación oficial) sino el total de las reservas del BCRA que se encuentren en Estados Unidos ya que, como el dinero es fungible, es imposible determinar qué parte de ellas corresponde a dicho fondo y cuáles a los fines monetarios de la institución.

El hecho también demuestra el infantilismo oficial de mantener una situación de conflicto financiero con la comunidad nacional e internacional por casi una década. O aquel otro de creer que el decreto pudo haber pasado desapercibido si la oposición no decía nada o si los afectados no recurrían a los tribunales. Publicarlo en el Boletín Oficial, fue la prueba que necesitaban los acreedores, las demás publicaciones o declaraciones resultan anecdóticas.

Es hora de salir de la emergencia y diseñar una estrategia nacional para vivir en la plenitud de nuestras garantías constitucionales y en paz y armonía con las demás naciones.

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