Condenaron por administración fraudulenta y estafas a la ex conducción de la mutual Amesya

Las penas, de ejecución condicional, van de tres a un año y medio de prisión. Comprobaron un desvío de fondos de aproximadamente un millón de pesos. El dinero estaba afectado a la construcción de viviendas.
El Tribunal Criminal 1 de Tandil condenó por los delitos de administración fraudulenta y estafas reiteradas a los integrantes de la ex conducción de la Asociación Mutual de Empleados de la Sanidad y Afines (Amesya), en el marco de un caso por desvío de fondos afectados a la construcción de viviendas.

Los jueces Guillermo Alberto Arecha, Pablo Galli y Carlos Alberto Pocorena establecieron penas, en todos los casos de ejecución condicional, de tres años de prisión para Juan Humberto Federico; dos años y cuatro meses para Darío Alfredo Mancini; dos años y ocho meses para Mónica Edith Federico; tres años para Raúl Germán Cordeschi; y un año y seis meses para Walter Oscar Villán.

El doctor Miguel Ibarlucía, que realizó la denuncia como particular damnificado en representación de los adjudicatarios de las viviendas, indicó que en su momento se verificó "una gran diferencia" entre el avance de obra y el dinero que había recibido la mutual de parte del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

Peritajes arquitectónicos y contables de la Corte Suprema de Justicia bonaerense detectaron un desfase de alrededor de un millón de pesos entre lo construido y lo invertido en el complejo.

"Luego hubo un largo proceso penal con muchas alternativas. Finalmente, se hicieron las acusaciones y un juicio abreviado. Hubo aceptación de la condena", informó Ibarlucía, que se desempeñó como abogado de la intervención de la mutual bajo la conducción del arquitecto Pablo Oliva.

Aprobaron

los planos

El abogado afirmó que la sentencia representa un reconocimiento para los adjudicatarios del barrio, que lucharon muchos años para que se terminen sus viviendas.

Recordó el esfuerzo que hicieron todos los vecinos para la causa y destacó la labor de los funcionarios judiciales que participaron del proceso.

Ibarlucía señaló que los responsables en el marco de la causa "tendrían que responder económicamente, pero a esta altura ya son insolventes".

A finales de los ‘90, cuando estalló el caso, el Instituto de la Vivienda advirtió la falta de fondos pero, aunque no suministró más recursos para la ejecución del complejo, no hizo la denuncia correspondiente.

Tras la intervención, el organismo bonaerense destinó el dinero otra vez para finalizar la construcción del barrio.

El letrado también trajo a colación que el complejo "fue inaugurado por el intendente (Julio José) Zanatelli, en 1997, en campaña con el justicialismo, pero no tenía los planos".

Al respecto, anunció que recientemente salió la aprobación de los registros de cada una de las viviendas, lo que demandó "una tarea mayúscula", por lo que en un futuro los vecinos podrán tener las escrituras de sus casas.

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