Condenan al país a depositar una garantía de US$ 75 millones

Lo decidió un tribunal del Banco Mundial para asegurarse de que la Argentina respete un fallo
El tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi) ya no le cree a la Argentina: ayer, en una decisión a la que tuvo acceso LA NACION, estableció que, debido a los antecedentes que el país tiene de no cumplir las condenas que recibe, ahora deberá depositar 75 millones de dólares en favor de la empresa norteamericana Sempra Energy como garantía de cumplimiento del fallo.

La decisión fue tomada en la demanda promovida por Sempra Energy, accionista de Gas Camuzzi (con el patrocinio del estudio norteamericano King & Spalding) contra la Argentina e implica un grave revés para una estrategia de la Procuración del Tesoro, a cargo de Osvaldo Guglielmino, con la cual la Argentina intenta dilatar los pagos.

En septiembre de 2007, el Ciadi condenó al país a pagarle a Sempra 130 millones de dólares más intereses (un total estimado en US$ 172 millones). Pero la Argentina, como hace frente a todas las condenas, pidió su anulación en 2008.

Ayer, el tribunal internacional, en una decisión inusualmente clara, detallada y dura contra el país, dijo que la Argentina no muestra voluntad de cumplir y supeditó la suspensión de la ejecución del fallo -mientras estudia si lo anula- al hecho de que la Argentina deposite una garantía de 75 millones, equivalente aproximadamente a la mitad de la condena.

El país ya acumula muchos fracasos y algunos éxitos frente al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que en octubre último había dado un alerta: en esa oportunidad había resuelto que la Argentina no podía demorar el pago de una indemnización de 106 millones de dólares a Enron, exigiéndole a la empresa que viniera a litigar ante los tribunales argentinos. Enron todavía no cobró.

Ayer, un comité del Ciadi volvió a decir que los fallos del tribunal son de cumplimiento obligatorio y la empresa que gana puede exigir el pago de la condena ante cualquier tribunal extranjero.

El fallo

Habitualmente, cuando un país es condenado y pide la revisión de la condena, el comité del Ciadi a cargo de estudiar el caso suspende la ejecución y no le exige al Estado ninguna garantía. Se presume que, cuando se resuelva el caso, el país pagará la condena voluntariamente.

En el caso Sempra, la conclusión del Ciadi fue diametralmente opuesta y, evidentemente, trasluce una fuerte desconfianza hacia el país. Se basó en los siguientes puntos:

* El Ciadi tomó en cuenta las perspectivas de cumplimiento del fallo.

* Cuando el Ciadi dicta un laudo existe la "obligación incondicional de cumplimiento".

*El Convenio del Ciadi "no concede ningún margen para la revisión del laudo en los tribunales del país [condenado]. El requisito de que el acreedor de un laudo deba ceñirse a un procedimiento de ejecución interna carece de fundamentos".

Como lo resolvió otro comité en el caso Enron, el Ciadi reiteró que "fue diseñado como un método internacional de solución de diferencias y sería contrario a esta intención el que su cumplimiento estuviera sujeto a las disposiciones y mecanismos de la legislación nacional". La Argentina funda su estrategia dilatoria en el artículo 54 del convenio, pero el Ciadi resolvió que esa interpretación no es admisible y que debe aplicarse el artículo 53.

El Ciadi tuvo en cuenta que la Argentina, utilizando esa interpretación incorrecta, dilató el pago de varias condenas y, además, cuando fue invitada por el tribunal a corregir la interpretación, no lo hizo. El fallo cita tres casos. Uno de ellos fue el laudo que obligó al país por indemnizar daños y perjuicios a CMS: la Argentina no cumplió el fallo, a pesar de que fue condenada y también perdió el pedido de anulación del laudo.

También cita el caso Enron, en el cual, luego de la condena, el país fue invitado a cambiar de posición, pero no lo hizo.

Finalmente, menciona el caso Vivendi, en el que el comité solicitó una garantía a la Argentina y el país no dio indicación alguna de que la desembolsará.

"La postura de la Argentina pone de manifesto que, de hecho, no cumplirá con su obligación de acatar un laudo en favor de Sempra", dice el laudo, que establece que si el país pretende que la suspensión de la ejecución siga en vigor hasta que el comité estudie la anulación del fallo, "debe dar una muestra tangible de su disposición a cumplir sin condiciones y de buena fe". Una carta de compromiso no alcanza. El país tiene ahora 120 días para depositar la garantía.

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