Condenan a la familia Vargas por protestar en la casa de la jueza Baladrón y del ex ministro Gazia

El Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos comunicó que la familia Vargas fue condenada judicialmente por protestar. "Es una medida arbitraria y persecutoria", dijeron a través de un comunicado de prensa firmado por el presidente del movimiento, Víctor Giavedoni. "La sanción judicial a la familia Vargas es un castigo por haber puesto en evidencia una falta de política estatal hacia los menores y busca ser un castigo ejemplar para evitar que otras personas se animen a reclamar", sostuvieron.
La familia obtuvo repercusión mediática a partir de fines del año pasado, cuando le sacaron a la niña que criaban desde los 5 años. En medio de esa pelea, hicieron "escarches" en casas de los funcionarios. Ahora, la Justicia penal los condenó por afectar la intimidad y afear la propiedad privada de la jueza Cristina Baladrón, de la defensora de la Niñez, Cristina Funes, y del ex ministro de Gobierno, Rodolfo Gazia (pareja de Baladrón). Los Vargas deberán hacer trabajos comunitarios.

"El Estado es responsable por la situación de abandono de los menores de edad en la provincia de La Pampa, y de ninguna manera, las familias sustitutas pueden suplir una política ausente", expresaron desde el Movimiento de DD.HH.

"El gobierno pampeano debería estar agradecido de la función social que cumplen las familias de contención en lugar de condenarlas por reclamar por los derechos del niño y el adolescente. El Estado pampeano todavía considera a los menores como un objeto y hace y deshace con ellos como si se trataran de una cosa inanimada", agregaron.

"Los jóvenes con necesidad de contención son producidos por las políticas neoliberales de exclusión social como las del gobierno pampeano. El riesgo lo generan con la falta de trabajo, salud y educación", dijeron.

Desde el Movimiento de DD.HH. recordaron que junto a familias de contención y padres adoptantes están reclamando la adhesión a la ley 26.061 de Protección Integral de los Derecho de Niños Niñas y Adolescentes, con el fin de que los menores sean considerados sujetos de derecho. "No queremos que sean simples objetos que están supeditados al antojo del juez o jueza de turno", explicaron.

"Este fallo es un claro apoyo a la clase dirigente responsable de estas injusticias. Parece más una ‘protección corporativa', que un ‘acto de justicia'. Mientras la Justicia se muestra muy lenta para sancionar los delitos de corrupción, las ‘mega estafas', es veloz y eficaz a la hora de criminalizar la protesta social", finalizaron.

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