Concertación: avanza el marco regulatorio, pero los empresarios prefieren esperar

La crisis financiera mundial obligó a las constructoras a replantear sus proyectos inmobiliarios. La ausencia de un marco regulatorio también desalienta a las empresas que tenían previsto “concertar” desarrollos urbanísticos con el municipio.
Al intendente Daniel Giacomino no le resultó fácil imponer en el Concejo Deliberante el primer convenio de la concertación público-privada, cuya aprobación (por amplia mayoría) significó la puesta en marcha del mecanismo, a partir del cual el Ejecutivo planea captar financiamiento privado para obra pública.

Más aún, aprovechando el impulso -conseguido a partir de la ratificación del proyecto con el voto positivo de todo el bloque del Frente Cívico, del radicalismo y los concejales independientes Graciela Nicolás y Fernando Masucci-, los ediles comenzaron a debatir en comisión el marco regulatorio, que habilitará a la Municipalidad de Córdoba a utilizar el instrumento, siguiendo el ejemplo de otras ciudades como Rosario.

No obstante, el Ejecutivo municipal se enfrenta ahora a un nuevo obstáculo. La crisis financiera mundial que golpea a todos los sectores de la economía, especialmente al de la construcción, sumado a las dificultades que tuvo que sortear el convenio firmado con la empresa Edisur para llegar a ser aprobado por el Concejo Deliberante, desalientan a las empresas desarrollistas que tenían previsto “concertar” desarrollos urbanísticos con el municipio.

En efecto, la estrepitosa caída de los mercados bursátiles y la consecuente recesión de la economía obliga a los empresarios de la construcción a replantear sus proyectos inmobiliarios, incluidos los vinculados a la concertación público-privada.

“La inestabilidad del mercado hace que tengamos que redefinir nuestros proyectos inmobiliarios. Si no tenemos definido cuál es el proyecto a realizar, mucho menos podemos saber ahora si vamos a tener que apelar o no a un instrumento como el de la concertación que propone el municipio. Además, es imposible planificar inversiones en esta situación, porque no sabemos cómo va a evolucionar el mercado”, asegura Laura Rodríguez Machado, responsable de prensa de Grupo Ecipsa, una de las constructoras que había manifestado interés en la concertación público-privada.

En su momento, y de manera informal, Ecipsa le presentó al municipio un proyecto inmobiliario para el predio de la ex Cervecería Córdoba. La propuesta contemplaba la posibilidad de que la empresa invirtiera en la refuncionalización de la Isla de los Patos y en la extensión de la Costanera hacia el noroeste.

“En función del nuevo escenario para el mercado inmobiliario es posible que el proyecto original sufra algunas modificaciones, por lo que creemos que no será necesario concertar con el municipio”, estimó Rodríguez Machado.

Frente al nuevo panorama que presenta el mercado inmobiliario, los responsables de la empresa pusieron el proyecto en stand by, hasta nuevo aviso.

Lo mismo sucede con otra de las propuestas presentadas en el marco de la concertación. El proyecto de la constructora de Sergio Roggio para renovar el Parque Las Heras también se encuentra en una etapa de redefinición.

“Es muy difícil hablar de concertación en momentos como el que vivimos, donde el mercado se encuentra atravesando una situación de absoluta inestabilidad. Es imposible planificar inversiones cuando no sabemos de qué manera la crisis terminará afectando al mercado inmobiliario”, señala Sergio Roggio.

A través del mecanismo de la concertación, Roggio proyectaba la construcción de cuatro torres en el predio de bulevar Las Heras donde funciona la sede central del Grupo Roggio. Si bien el proyecto consensuado en aquel momento con el municipio contemplaba la autorización para construir mayor altura a cambio de la refuncionalización del Parque Las Heras, que se encuentra frente al predio donde se levantarán las torres, el empresario propondría una modificación. Según anticipó, la idea es, una vez fijado el monto de inversión solicitado como contraprestación, dejar en manos del municipio y del Concejo Deliberante la decisión sobre las obras de infraestructura a realizar por los privados.

Marco regulatorio

La necesidad de contar con un marco regulatorio que fije reglas de juego “claras y transparentes” también fue expresada por los empresarios, en coincidencia con los concejales que impulsaron su debate, tras la sesión en la que se aprobó el primer convenio en el marco de la denominada concertación público-privada.

El proyecto de ordenanza destinado a regular los convenios urbanísticos incluidos en el mecanismo de concertación público-privada comenzó a ser debatido el jueves pasado en la Comisión de Desarrollo Urbano. En total son cinco las iniciativas en tratamiento impulsadas por todos los bloques. Al proyecto del oficialismo, presentado por la concejala Marta Juárez, se suman el de la UPC que establece que los convenios públicos-privados cumplan con los requisitos de la Carta Orgánica Municipal, y el del bloque Eva Duarte que apunta a regular el porcentaje de participación sobre la plusvalía en esos convenios.

Por su parte, la UCR incluyó en el debate la creación de un Instituto Mixto de Planificación Municipal y la UPC impulsa la creación de una Comisión de Planificación y Seguimiento para el Desarrollo Urbano y Saneamiento Sustentable.

La decisión de estudiar el marco regulatorio de los convenios urbanísticos, luego de haber aprobado el primer convenio firmado por el municipio fue criticado por la concejala Olga Riutort durante la reunión de comisión.

«Me parece un chiste estar tratando el marco general para estas concertaciones luego de haber celebrado ya el primer convenio de concertación público-privada con Edisur, que no sólo cuenta con situaciones claramente incoherentes y corruptas en sí mismo, sino que tampoco se condice con el marco regulatorio propuesto por el propio Frente Cívico antes de celebrarse este convenio», sostuvo Riutort.

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