"El concepto de utilidad pública no puede estar teñido de discrecionalidad"

Un economista objeta, desde lo institucional y lo económico financiero, las disposiciones de la Ley 8.215. Dice que se ahorraría plata si se alquilaran cocheras en vez de expropiar la casona de San Lorenzo 355
"En 1642 se concluyó la Rundetaarn o Torre Redonda en Copenhague, de casi 35 metros de altura, mandada a construir por el rey Christian IV de Dinamarca. Dado que el monarca deseaba llegar a lo más alto de la construcción montado en su caballo, ordenó que en lugar de escaleras se construyera una rampa de 209 metros de largo que circunvalara 7,5 veces el corazón de la torre. El caso de la expropiación de la casa de San Lorenzo 355 para habilitar cocheras del Tribunal de Cuentas parece seguir ese ejemplo: los que no conciben caminar usan los dineros de los contribuyentes para obtener privilegios". El que compara es el economista José Jorge Bercoff, quien critica que se declare de utilidad pública la casona de los Manganelli (Ley 8.215), tanto desde lo institucional como desde lo económico financiero.

Cabe recordar que el viernes, el abogado Manuel García Fernández interpuso, por derecho propio, un recurso de amparo colectivo, en nombre de la preservación del patrimonio arquitectónico, ya que la construcción data de la década de 1920.

Requisitos incumplidos

Bercoff advierte que en el espíritu de la Constitución nacional, la abolición de los privilegios coloniales es central. "Considerar a funcionarios como merecedores de alguna prerrogativa nos devuelve a momentos anteriores a la República", asevera.

El docente de la UNT dice que esa expropiación atenta contra el derecho de propiedad. "Esa garantía se verifica cuando, a pesar de que el burócrata pretenda un uso diferente del bien, no puede imponer su predilección a la del real propietario. Curiosamente, un vocal del Tribunal de Cuentas, según publica LA GACETA, dice que los propietarios conocían del interés del ente por la propiedad: es decir, él estima que el interés demostrado es condición suficiente para que el propietario acepte vender", critica.

El profesional advierte que el concepto de "utilidad pública" no puede estar teñido de discrecionalidad. "Si esta arbitrariedad se hiciera aún más manifiesta, nada impediría que aquel que detenta el poder circunstancialmente expropie nuestra casa, nuestro auto o cualquier bien, bajo el argumento que debe servir a un fin superior", alerta.

El especialista puntualiza que un bien debe reunir dos condiciones para ser considerado público. "Por un lado la no rivalidad en el consumo. O sea que el hecho de que una persona lo consuma no impide que otra también lo haga. Por otra parte, la no exclusión. En otras palabras, que no se pueda privar a alguien de su consumo pese a que no pague para ello", explica.

"Ninguna de estas características se aplica a la expropiación de la casona de San Lorenzo al 300. Lo único que lo convierte en un bien considerado de utilidad pública es el hecho que se comunica con un estacionamiento para funcionarios", cuestionó.

La variante

En cuanto a la perspectiva económica, Bercoff plantea que si la expropiación se hace a precio de mercado ("cualquier valor diferente sería un robo para los propietarios o para los contribuyentes", afirma), deberán pagarse unos U$S 1.000 por cada uno de los 280 m2 construidos de la casa de los Manganelli, es decir, alrededor de $ 1,1 millón.

"Tomando una tasa de interés conservadora del 10% anual, se alcanzarían por ese monto (si fuera depositado a plazo fijo) $ 108.000 en un año. Si dividimos esa suma en los 11 meses laborables, surge que se destinarán $ 9.800 por mes al estacionamiento de siete coches, o sea, $ 1.400 mensuales por auto", calculó.

Por eso, Bercoff aconseja que se bonifique al Tribunal de Cuentas el alquiler de cocheras en un estacionamiento cercano, en lo que -aseveró- se pagan $ 200 por mes. Así, se pagarían $ 1.400 mensuales pero por los siete vehículos en total, lo que al Estado le reportaría un beneficio de 8.400 mensuales.

"Así, los beneficiarios no tendrán inconvenientes para llegar a trabajar en horario y, a la vez, mejorarían las condiciones de seguridad jurídica", concluyó.

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