Concepción del Uruguay: Sin debate ni público quedó aprobado el presupuesto

Concejales de la oposición harán una denuncia judicial. Aducen que hubo abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte del intendente Bisogni y el presidente del Concejo Deliberante.
Varias son las figuras legales y constitucionales en las que habría incurrido el presidente del Concejo Deliberante de Concepción del Uruguay, Carlos María Scelzi (nieto) y el intendente de esa ciudad, Marcelo Bisogni.

Al titular del cuerpo se le endilga haber dispuesto medidas reñidas con la legislación y la Constitución, como por ejemplo la convocatoria a la sesión extraordinaria del martes, previo a la nochebuena, sin el pedido formal de un tercio de los concejales. Haber tratado el presupuesto 2008 y 2009 en el que se aprobó a libro cerrado, y sin previo análisis de la comisión respectiva, cuando la Ley 3001 establece que la Ley de Leyes debe estar aprobada antes del 15 de diciembre.

Curiosamente, ese mismo día ingresó a pedido del Ejecutivo Municipal una autorización (que para los concejales opositores fue un blanqueo de gastos, ya hechos) para ampliar, por segunda vez, el Presupuesto.

De esa ampliación presupuestaria se conoció que unos 400 mil pesos se destinó al pago de pautas publicitarias en distintos medios de comunicación de alcance nacional.

Figuras

Sobre cuatro puntos están basados los cuestionamientos que hacen los concejales de la oposición sobre la sesión extraordinaria del martes 23 de diciembre, en la que quedó aprobada la Ley de Leyes. En la enumeración, los ediles de la oposición, entre ellos Guillermo Grandi (UCR), aseguró a EL DIARIO, que harán una presentación judicial para que se investigue si el presidente del cuerpo y el intendente incurrieron en delitos que podrían estar encuadrados en el sistema penal y en normas constitucionales.

Son varios los puntos que consideramos irregulares y que estarían reñidos con la ley, según indicó el concejal. Uno de ellos, por haber convocado en forma irregular a sesión extraordinaria; la segunda sería la prohibición del ingreso al público, para lo cual se requirió la presencia policial; en este caso la presentación estaría encuadrada en la figura del abuso de autoridad por parte de Scelzi. En el caso del intendente, a decir del concejal la figura sería la delegación de poderes, por haber dispuesto de gastos que no estaban autorizados por el cuerpo, como fue la autorización de la segunda ampliación del presupuesto, que ingresó el 15 de diciembre.

“Fue una sesión irregular y consideramos que se incurrió en abuso de autoridad e inconstitucionalidad, por haber impedido, con presencia policial, el ingreso del público a la sesión. De acuerdo a nuestro reglamento las deliberaciones deben ser públicas y abiertas; sin embargo, el martes se bloqueó el ingreso y sólo se dejó pasar a los concejales y a unos pocos empleados que estaban en una lista”, denunció Grandi.

Según relató el concejal de la UCR, no sólo es irregular la convocatoria de la sesión extraordinaria donde quedó aprobado una ampliación al presupuesto 2008 y del 2009, con la votación de los concejales del oficialismo y del voto del ex edil solanista, Fernán Galotto.

El resto de los ediles, los dos por el centenario partido Grandi y Norma Ducret; Alicia Portillo del Frente para la Victoria y la Justicia Social y María Elena Giles, por Concertación Entrerriana, no ingresaron al recinto.

“No hubo debate, sino que se aprobó a libro cerrado. Ni siquiera estos proyectos fueron a la comisión para su análisis, sino que el oficialismo hizo un despacho y así se aprobó en el recinto”, denunció el concejal radical, al tiempo que consideró que la aprobación significó lisa y llanamente un “blanqueo de los gastos que en forma irregular hizo el Ejecutivo Municipal”.

Ante esta situación, los concejales de la oposición pretenden que se declare nula la sesión y se investigue si el presidente del cuerpo y el intendente incurrieron en delitos penales, entre ellos abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Este último, debido a que el Ejecutivo no cumplió con el envío del presupuesto en tiempo y forma.

Denuncia

Mientras los ediles analizan el escrito que presentarán en los próximos días en la Justicia, el secretario general del Sindicato de Empleados Municipales, Mario Barberán, el día de la sesión, hizo una denuncia en sede policial por habérsele negado el ingreso al recinto.

En ese sentido, el dirigente gremial dijo al portal La Prensa Federal, que la denuncia que hizo en sede policial fue por abuso de autoridad, debido a que fue por decisión de Scelzi que se prohibió el ingreso al recinto, de todos aquellos que no eran concejales.

“Nuestra presentación se sumará a la que hizo el Sindicato. Incluso muchos ciudadanos, vecinos de Concepción del Uruguay, se comunicaron con nosotros para firmar el pedido judicial que interpondremos en los próximos días”, indicó Grandi.

Incluso, ese mismo día los bloques de la oposición enviaron una nota al presidente del cuerpo en el que le expresaron “el desagrado” por la presencia policial y lo irregular de la convocatoria.

En tanto, los otros ediles de la oposición manifestaron en los medios locales que no sólo la sesión del martes fue “vergonzosa” sino que “fue un agravio a la democracia”.

Con la polémica y la presentación judicial en puerta, el presupuesto Municipal de gastos y cálculo de recursos del 2009 será: de 61,6 millones de pesos, a partir de estimaciones sobre la recaudación de tasas y coparticipación. El monto de obras públicas estructurales para la ciudad asciende a 3,5 millones.

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