El Concejo promovió la adhesión de la Capital al Pacto

En lo que fuera un mero trámite legislativo, los ediles capitalinos aprobaron, por otro año más, que el municipio ceda sus ingresos por coparticipación a la provincia.
Finalmente, los ediles de la capital aprobaron en la jornada de ayer la adhesión del municipio de San Miguel de Tucumán a la prórroga del Pacto Social y el Fondo Fiduciario, mediante el cual los municipios y comunas de la provincia ceden sus fondos al gobierno central con el objeto que éste transfiera recursos monetarios para hacer frente al pago de las planillas salariales y a la construcción de obras de infraestructura.

En lo que se preveía iba a constituirse en un mero trámite administrativo, pues sólo estaba en el orden del día tal tratamiento, 14 concejales justicialistas dieron su aval al proyecto, en tanto que el único opositor presente, el republicano Claudio Viña (José Constanzo y José Luis Avignone se encuentran de vacaciones) se opuso a la iniciativa impulsada por la intendencia de Domingo Amaya.

Cruces verbales

Oscar Cano, una vez cumplimentada la aprobación, se refirió al particular, de manera tal de resaltar los beneficios que implica el estar adheridos a este sistema: "Nosotros tenemos a través de este pacto la garantía de pagos a los empleados municipales, asegurando el pago a las empresas que brindan los diferentes servicios a la municipalidad como por ejemplo: El pago de la recolección de residuos, el alumbrado público, las diferentes obras de pavimentación de la ciudad, entre otros".

Sin embargo, las polémicas no tardaron en surgir ya que hubo recriminaciones cruzadas entre Cano y Viña, ya que este último en declaraciones a EL SIGLO manifestó su postura contraria a la implementación de este mecanismo, ya que consideró: "Estamos en presencia de una cadena de endeudamiento que no sabemos como ni cuando termina".

Ante estas conceptos, el justicialista recalcó que durante la gestión actual, la intendencia realiza los esfuerzos necesarios para paliar las desvanecencias económicas y acusó a administraciones anteriores de dichos desequilibrios fiscales. "El municipio, desgraciadamente, viene de un endeudamiento de hace muchísimos años, especialmente del gobierno de Fuerza Republicana. Hoy estamos trabajando con seriedad. Hoy no hay los negociados que había antes. Cuando nosotros llegamos en 2003 hemos tenido que desbaratar aquellos préstamos leoninos que hacían con el Colegio de Contadores de La Plata, con la Bolsa de Comercio, con cheques diferidos", sentenció.

La escalada verbal no encontró su punto final, sino que continuó con las objeciones de Cano al recalcar indirectamente la idiosincrasia proyectada en la gestión de Antonio Bussi: "Acá seguimos trabajando, especialmente en los barrios. Ya no existe un San Miguel de Tucumán donde había dos clases sociales y una diferencia muy marcada. No entapiamos los barrios. Hoy estamos trabajando en los barrios donde hicimos pavimento, donde hicimos luz, donde le dimos una dignidad a la gente y un mejor vivir", disparó el edil oficialista.

Una norma polémica

Las principales quejas que se le inculcan a este proceso entablado desde hace tiempo entre las administraciones de gobierno central e intendencias, radican en la injerencia del Ejecutivo provincial a la hora de confeccionar la sesión de fondos provenientes de la coparticipación federal, por lo que se establece una dependencia constante de los municipios que ceden sus facultades.

Advierten dirigentes opositores que de forma tal, se estaría incurriendo en una violación de la norma constitucional enmarcada en los conceptos vertidos en el artículo 132 de la Carta Magna de la provincia, que habla de la autonomía económica y financiera de los municipios, "algo que por el momento no se respeta en la provincia", argumentaron. "Esto no nos quita autonomía debido a que nosotros estamos aceptando, es decir, autorizando para que pueda funcionar el municipio de Tucumán", argumentó Oscar Cano para intentar justificar el criticado esquema.

Más allá de las polémicas suscitadas, la capital contará, de ahora en más, con una suma cercana a los 320 millones de pesos para cubrir las instancias salariales del personal.

Los municipios de la provincia en busca del beneficio

Los Concejos Deliberantes de los municipios de la provincia comenzarán a sesionar en los próximos días para autorizar, como ya lo hizo la Capital, a sus intendentes para adherirse al Pacto Social y al Fondo Fiduciario.

En ese marco, se conoció que el titular del Departamento Ejecutivo del municipio de Concepción, Osvaldo Morelli, ya remitió a los ediles el pertinente pedido para se convoque la sesión extraordinaria para ese fin. Igual comportamiento observará en las próximas horas el municipio de Famailla, que conduce José Orellana.

Es dable recordar que, al igual que el año anterior, serán trece las intendencias que adherirán al pacto sueldo, mientras que todas, a excepción de La Cocha que no se beneficia con ningún tipo de pacto, lo harán con el fondo para obras públicas.

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