En el Concejo, los oficialistas fueron prudentes, y los opositores, categóricos

Los decretos mediante los cuales el intendente, Domingo Amaya, quitó el permiso precario a una unión de empresas y se lo concedió a otro grupo inversor no debe ser refrendado por el Concejo Deliberante, ya que el otorgamiento de explotaciones provisorias forma parte de las facultades del jefe municipal.
“Es resorte del intendente resolver sobre este tema siempre que sea provisorio y hasta tanto se llame a licitación y se le adjudique el servicio a otra empresa”, aclaró el presidente del cuerpo deliberativo, Ramón Cano (PJ).

El edil justicialista lamentó los trastornos que padecieron los usuarios de la línea 10 y la angustia de los trabajadores, que no conocían fehacientemente cuál sería su condición laboral. “De todas formas, respeto la decisión del intendente, sin conocer cómo está redactado el decreto”, dijo. En efecto, Cano confirmó que solicitaron copias de las actuaciones municipales porque la documentación fue solicitada por los miembros de la comisión de Transporte. “Mañana (por hoy), la pediremos por escrito”, adelantó el titular del Concejo.

La visión del concejal republicano Claudio Viña es totalmente opuesta. Según el edil, el intendente actuó de manera desordenada. “El proceso de licitación fue desprolijo y demoró mucho. No se aceptó a las empresas por argumentos insólitos y ahora, de la noche a la mañana, se cancela una concesión precaria y se da otra. No sólo es un paso en falso del municipio, sino que esto tira otro manto de sospecha en la etapa de licitación que se lleva a cabo de las líneas 3 y 19, donde tres de los dos oferentes son los mismos que para las líneas 10 y 12”, exclamó.

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