El Concejo de Balcarce le quitó las facultades extraordinarias a Pérez

El HCD aprobó una medida que restringe el accionar del Ejecutivo para efectuar convenios. Ediles denuncian falta de información de los actos de gobierno.

En el año 2001, con mayoría propia, el oficialismo gobernante aprobó la Ordenanza 24/01 por la cual se autorizaba al Departamento Ejecutivo municipal (era el tercer mandato de José Luis Pérez) a efectuar convenios con organismos públicos que no afectasen los recursos municipales propios.

En ese momento, la medida pretendía agilizar aquellas gestiones que el municipio pudiera establecer sin necesidad imperiosa de tener que informar al Concejo Deliberante.

Sin embargo, en la actualidad los reiterados anuncios de obras públicas realizados en los últimos meses que hizo el Gobierno del ingeniero Pérez no tuvieron su correlato e el deliberativo, según opinó reiteradamente la oposición.

En este marco, el concejal del Partido Justicialista, Pedro Steffan, presentó un proyecto para derogar aquella ordenanza del 2001, la cual finalmente fue aprobada y contó con el apoyo del propio oficialismo.

A priori se especulaba con que la oposición debería contar con dos tercios del cuerpo pero ya el despacho de comisión fue unánime.

La publicación del estado de situación económico-financiera del municipio en el primer semestre le permitió a Steffan tomar conocimiento, por ejemplo, de que la evolución de gastos por programas ascendía a unos 94 millones de pesos cuando el cuerpo aprobó un presupuesto para este ejercicio económico de poco más de 58 millones.

Poca información

"Este año casi no hemos recibido información por parte de la Municipalidad con respecto a obras públicas. Es por eso que empezamos a trabajar en el bloque sobre el tema y nos encontramos con la ordenanza 24 del 2001 que autorizaba al Departamento Ejecutivo a generar convenios con distintos organismos públicos de diferentes niveles sin necesidad de que los mismos deban ser convalidados por el Concejo Deliberante, toda vez que no se afecten los recursos municipales", indicó el edil opositor.

El concejal no ocultó su disconformismo con la forma de actuar del Ejecutivo municipal que, sin perjuicio con respecto a las características republicanas del Gobierno, "no informa al Concejo Deliberante sobre las cosas que hace con los dineros que ingresan a sus arcas".

No obstante, Steffan hizo una salvedad. "La única oportunidad que tuvimos de participar fue en la convalidación de una adjudicación por reformas en el edificio del ex matadero municipal, donde hubo un solo oferente cuyos antecedentes ante el Banco Central no eran los mejores".

El ex secretario de Hacienda de la comuna propuso que todos los convenios que se celebren con organismos públicos nacionales y provinciales, con afectación o no de recursos municipales, deban ser convalidados por el Concejo Deliberante, previo a su ejecución.

Aumentos del gas

Durante la sesión que se extendió por cuatro horas y donde sólo estuvo ausente la edil Juan Benítez (FpV) también se trató el tema de las quejas de los usuarios del servicio del gas por los aumentos recibidos.

Aunque no estaba incluido en el orden del día, tras una reunión de la comisión de labor legislativa previo al encuentro, se decidió tratar el tema sobre tablas, tras lo cual se pidió que el Ejecutivo realice acciones que busquen demostrar la inconstitucionalidad del decreto que fija los aumentos en el servicio de gas.

Por último, ante un pedido de informe sobre posibles aumentos a los agentes de la comuna, el concejal Domingo Giuliano (PJ) apuntó que existe "coacción entre el gobierno y sindicato municipal" y sostuvo que "el sindicato tiene que dejar de ser una financiera".

La concejal Ana Rita Moreira cuestionó el cargo de la subsecretaria de Asuntos Municipales designada recientemente, Mónica Llarena, ya que según entendió es dirigente del gremio y funcionaria del gobierno.

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