Si bien en el Concejo Deliberante aún no existe una fecha precisa para tratar el aumento del pasaje de colectivos, la mayoría de los integrantes del legislativo local anunció que aprobaría un aumento de la tarifa de hasta 3,20 pesos, aunque también realizarían diferentes planteos sobre el servicio.

Así lo manifestaron representantes de los diferentes bloques, quienes plantearon sus posturas sobre el tema ante una consulta realizada por "La Nueva Provincia".

Raúl Woscoff, quien preside el bloque de Integración Ciudadana (IC), manifestó que aprobarán un incremento de la tarifa de hasta 3 pesos, el cual se haría efectivo desde la sanción de la ordenanza hasta el 1 de septiembre, cuando se elevaría a 3,20.

Al mismo tiempo propondrá convocar de manera semestral a la empresas prestatarias a un plenario de las comisiones con el fin de considerar el funcionamiento del servicio conforme las condiciones previstas en el pliego de bases y condiciones.

"También solicitaremos a la comuna la creación de una oficina de control para que los usuarios puedan realizar reclamos ante eventuales irregularidades y el correcto funcionamiento de sistema de GPS, entre otras cuestiones", sostuvo.

Roberto Ursino, desde la Unión Cívica Radical, adelantó que avalarán un incremento en el pasaje a 3 pesos, con la condición de evaluar futuros aumento según la calidad en la prestación del servicio.

"Creemos que el valor del boleto está desfasado, pero al mismo tiempo pretendemos saber en qué condiciones va a prestar el servicio la empresa San Gabriel porque no queremos repetir la historia de Plaza", comentó.

Desde Unión Pro, la edil Cristina Molina Cristina anticipó que avalarán un incremento en el pasaje de hasta 3,20 y sostuvo que no votaría ninguna suba mayor a esa cifra.

También aseguró que pondrán a consideración del resto de los concejales la implementación de los boletos combinados, que permitirían a usuarios de diferentes sectores pagar un solo pasaje en caso de tener que abordar más de un micro para llegar a sus trabajos o escuelas.

Al mismo tiempo, señaló que pretende impulsar un proyecto para lograr un subsidio de entre 0,60 o 0,70 centavos para los habitantes de General Cerri, para los cuales el pasaje aumentaría a 4,70 pesos.

Desde el bloque oficialista del Frente Para la Victoria (FPV), su titular, Santiago Mandolesi Burgos, afirmó que acompañarán el aumento del pasaje a 3,20 porque ese es el valor que determinó el estudio de costos realizado por la comuna.

Manuel Mendoza, único representante del Frente Amplio Progresista (FAP), manifestó en cambio su desacuerdo con cualquier incremento en las tarifas hasta tanto no se conozcan los detalles de funcionamiento del nuevo servicio.

"Todavía desconocemos cómo van a ser los recorridos porque no fueron readecuados. De todos modos somos conscientes que los valores actuales están retrasados, pero antes de implementar la suba queremos tener certezas de cómo va a funcionar esta nueva empresa, cuál es la carta de intención que presenta", afirmó Mendoza.

Por último dijo que no votaría a favor de un boleto a 3,20 aunque se mostró dispuesto a discutir ajustes a medida que el nuevo servicio se vaya consolidando.

El gremio de los choferes, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), considera que el precio del pasaje debería alcanzar los 4,20 pesos.

Cuándo. Según el testimonio de varios de los entrevistados el tratamiento del proyecto se realizaría en un plazo máximo de 15 días, tras lo cual comenzará a regir la nueva tarifa.

Plaza impugnará la decisión del municipio

El grupo Plaza-Mayo, todavía administrador de 9 de los 16 recorridos de ómnibus existentes en la ciudad, impugnará a nivel administrativo el decreto del intendente Gustavo Bevilacqua que lo obliga a dejar de prestar esos servicios el venidero domingo 22 de julio. La medida del jefe comunal se relaciona con el decreto de caducidad dictado por el Departamento Ejecutivo en febrero último, desafectando a las mencionadas compañías de la concesión otorgada en 2008, como consecuencia de la mala calidad de la prestación.

Si bien las empresas están obligadas --de acuerdo con el pliego que rige la relación-- a mantener su funcionamiento durante dos años en caso de ser necesario, ya el 11 de abril último la comuna les quitó el manejo de las líneas 502 y 505, y el 1 de junio, de la 513.

"Vamos a impugnar esta nueva decisión del intendente. Esas son las directivas que recibí de los titulares de las empresas: presentar una revocatoria es parte de los pasos administrativos propios de este tipo de situación", explicó ayer a "La Nueva Provincia" el abogado Alex di Berardini, representante legal de Plaza y Mayo en la ciudad.

A partir de esa presentación, que se concretará en el transcurso de la semana, se esperará la respuesta del municipio, para luego derivar la cuestión a la esfera judicial, donde ya fue presentada la impugnación al mencionado decreto de caducidad.

"Nosotros tenemos en la Justicia la impugnación de la caducidad, por considerarla sin fundamentos y cargada de vicios. A partir de esa consideración cualquier medida vinculada con la caducidad es naturalmente nula: cualquier acto que nace de algo nulo es nulo", amplió Di Berardini.

Por otro lado, manifestó su sorpresa, "desde lo personal", por las declaraciones publicadas ayer por este diario del titular local de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Ricardo Pera, planteando la necesidad de definir "con urgencia" un ajuste en el boleto de ómnibus. La UTA lo ubicó, según sus cálculos, en 4,20 pesos, para así garantizar la operatividad de las empresas.

"Más de una vez desde la UTA se sorprenden de nuestros problemas financieros para pagar los sueldos pero ahora reconocen que, sin una readecuación, las prestadoras no pueden hacer frente a sus obligaciones", comentó Di Berardini.

Desde la comuna. "Es el paso administrativo lógico", señaló a este diario el titular del área de Asesoría Letrada de la Municipalidad, Claudio Pontet, en referencia a la impugnación que presentará Plaza.

Pontet indicó que la comuna rechazará esa presentación, lo cual abrirá el camino a su judicialización. Luego explicó que a la fecha no ha habido mayores novedades sobre la presentación realizada por Plaza y Mayo para que se determine si el decreto de caducidad es correcto, caso que se encuentra en la Cámara de Apelación en los Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Además las empresas analizan demandar al municipio como consecuencia de los "quebrantos económicos" que aseguran haber tenido debido a la negativa de considerar los ajustes tarifarios planteados en distintas oportunidades.

"Sobre esa cuestión en particular ya realizaron una presentación judicial. El municipio fue consultado y respondimos que esos ajusten de tarifa están en consideración a la fecha", indicó Pontet.

Por último, explicó que estos juicios son "de largo aliento" y que seguramente se tendrá una sentencia cuando ya Plaza y Mayo no estén en la ciudad.

"No tengo en claro cuál es la intención de las firmas, pero entiendo que apuntan más a reclamar alguna indemnización y no a recuperar el manejo de las líneas", reflexionó.