Concejales trataron reclamo de guaraníes

El Concejo Deliberante de la localidad de Puerto Iguazú trató un proyecto que pide información al Ejecutivo municipal sobre la explotación de una cantera en territorio de la aldea guaraní Yriapú.
Los ediles pidieron saber estado del suelo, daños causados y posibilidades de recuperación. Además, se requirió la autorización de la actividad realizada por la empresa (BorCom) en el lugar, la declaración de la misma, su habilitación y controles realizados.

Puerto Iguazú (LVC). El Concejo Deliberante de la localidad de Iguazú dio tratamiento al proyecto de comunicación sobre la instalación de una cantera en el territorio de la aldea Yriapú.

El proyecto tiene como objetivo pedir explicaciones al Ejecutivo municipal sobre el estado del suelo, daños causados y posibilidades de recuperación. Además, se requirió la autorización de la actividad realizada por la empresa (BorCom) en el lugar, la declaración de la misma, su habilitación, y controles realizados.

Por otra parte, se hizo extensiva la solicitud de información a los organismos provinciales con injerencia en el lugar, y otras que correspondan a las áreas de Gestión Estratégica y Minería.

El caso

En julio pasado, la comunidad Mbya Guaraní de la aldea Yryapú denunció ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) una construcción ilegal que ocupa 49 hectáreas de su territorio. Aparentemente con autorización oficial.

La comunidad pidió intervención a este organismo y al Defensor del pueblo de la Nación, debido a que la empresa BorCom S.A instaló un polvorín de explosivos y detonadores, y obradores, mediante aval y consentimiento de la Municipalidad de Puerto Iguazú, el Gobierno de la Provincia y el Registro Nacional de Armas (Renar).

Un comodato con quien fuera cacique de la aldea, fue impugnado por la comunidad que reclama la acción como "violatoria de normas de orden público, acto de liberalidad que los organismos estatales no debieron consentir por su carácter prohibido y abusivo y violatorio del consentimiento comunitario".

"Tal emprendimiento, además de ser altamente peligroso para nuestra comunidad, nuestras familias de más de 500 personas, entre ellos mujeres, niños y ancianos, genera temor reverencial, y altera la paz social, además se ha extraído gran cantidad de suelo, piedra, bosque nativo, sotobosque y pretende extenderse hasta el 2014", argumenta el documento enviado al INAI firmado por Franco Agapito y Miguel Morínigo como representantes de la aldea Mbya.

La comunidad intimó a la empresa a "desmantelar y retirar polvorines de explosivos y detonadores en la propiedad comunitaria y que cesen en todos aquellos actos de ocupación, uso o utilización de la comunidad". En la asamblea de abril de este año ya había determinado esta postura, pero los trabajos en el lugar no se suspendieron.

Reserva Natural

El Gobierno de la Provincia, con fecha 24 de septiembre de 2003, bajo el mandato de Carlos Eduardo Rovira, en un Acta Acuerdo, había declarado "Reserva Natural y Cultural", el terreno de la Comunidad Yryapu adonde actualmente colocó un polvorín de explosivos y detonadores, para una obra hotelera que habría autorizado tras hacer firmar a representantes indígenas con poca preparación académica, según una denuncia hecha ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), por parte de los miembros de la comunidad indígena.

Según un comunicado del secretario de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) provincial, Adrián Georgopulos, para la obra que ocupa unas 49 hectáreas de la aldea aborigen, y que tendría autorización oficial, en una reunión hecha el 8 de julio, el subsecretario de Planificación Estratégica de la provincia, Sergio Dobrusin, y un representante de la empresa BorCom, insistieron en dejar allí el polvorín y continuar con la obra, a pesar de la denuncia.

Curiosamente en la introducción del Acta Acuerdo, firmada por el entonces gobernador Carlos Rovira, y el mismo Sergio Dobrusin, el gobierno provincial asegura: "…en el marco del respeto mutuo hacia nuestros pueblos, del ordenamiento jurídico positivo nacional, del derecho indígena, y guiados por el espíritu y sabiduría de los Arandú y guías espirituales, en una diálogo intercultural e internormativo, asumiendo desde el Gobierno de la Provincia nuestras responsabilidades tendientes a lograr paulatinamente una reparación histórica para nuestros hermanos indígenas, reconociendo, respetando, y asumiendo los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas, y espirituales de las culturas originarias, ambas partes nos avenimos a suscribir el presente para dar solución definitiva al reclamo de titularización de las tierras que tradicionalmente ocupa la Comunidad Yryapu…" y en su primera parte "reconoce el goce y el uso vitalicio a favor de la Comunidad" del terreno en cuestión.

Además, en la tercera parte se declara al título de propiedad entregado a la comunidad Yryapu, como "comunitario, y con garantías de inenajenabilidad e intransmisibilidad" y "no serán susceptibles de gravámenes o embargos", declarando también que contará con "un área buffer o de protección natural en el perímetro externo".

Como si fuera poco, el mismo Gobierno, en la cuarta parte del Acta Acuerdo, menciona que "el inmueble será incorporado al Sistema Provincial de Áreas Naturales protegidas con la categoría de Reserva Natural y Cultural, conforme a la Ley Nº 2932".

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