Concejales del radicalismo quieren que Scioli y Cristina deroguen las subas en los servicios

Hablan de injusticia en la aplicación de multas en el consumo eléctrico. También hacen referencia al fondo fiduciario para financiar la importación de gas. El planteo coincide con las organizaciones de defensa del consumidor y la Defensoría del Pueblo de la Nación.
El bloque de concejales de la UCR elevó al presidente del Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, dos proyectos de resolución con los que solicitan que se deroguen dos decretos -uno provincial y otro nacional- que estipulan multas a determinados consumos de energía.

En el primero de los casos se solicita al gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, “la derogación del decreto por el cual se adhiere al Programa de Uso Racional de la Energía Eléctrica (Puree) y dejar sin efecto la Resolución Provincial Nº 741/08, que autoriza el aumento de energía a partir del 1 de octubre de 2008 a las empresas distribuidoras”.

Desde el oficialismo recordaron que “el Puree establece un sistema escalonado, elevando los porcentajes de incremento a medida que suben los consumos, tanto para las tarifas residenciales como comerciales, industriales y rurales”.

Los ediles radicales convinieron que “el efecto combinado del tarifazo eléctrico, los castigos establecidos en el Puree y los gravámenes que afectan las tarifas, hacen que el aumento torne el valor final de las facturas en una irracionalidad económica con incrementos del 400 por ciento, llegando en algunos casos a más del 700 y hasta 1000 por ciento”.

Sobre la cuestión medular del programa, que en teoría busca “castigar” el derroche de energía eléctrica, la bancada oficialista opinó que “el valor de 1000 K/h bimestrales no es representativo de altos consumos y en muchas oportunidades demostrativo de un uso irracional de la energía, con lo cual no se está gravando necesariamente a los sectores de mayor poder adquisitivo, como simplificada y arbitrariamente el Gobierno pretende justificar este tarifazo”.

Insistieron sobre ese punto al indicar que “los aumentos se llevaron adelante sin las correspondientes convocatorias a audiencia pública que prevén los pliegos respetivos, ocasión en la que el Gobierno podría haber consensuado un incremento racional, gravando los consumos suntuarios”.

Además, argumentaron que “es necesario considerar la oportunidad del incremento en cuanto al impacto de la nueva tarifa en el comercio y la industria, en un momento de caída de actividad y pérdida de ventas y su consecuente repercusión en el empleo”.

El gas

En paralelo, los legisladores elevaron otro proyecto para pedir que se morigere la situación de los usuarios de gas natural, a quienes también se les aplicaron incrementos en forma de multas por mayores consumos.

Según explicaron, “la creación del Fondo Fiduciario para atender las importaciones de gas natural, mediante el Decreto Nacional 2067/2008, redunda en aumentos del costo de suministro de gas a la población usuaria del servicio; pero además, ese fondo se ve incrementado a partir de las multas que se aplican a los usuarios por el consumo domiciliario”.

Por ese motivo, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional y a las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación la derogación del decreto por el cual se creó el fondo fiduciario.

En este sentido, adujeron que “como sucede con la energía eléctrica, en la mayoría de los casos el aumento del consumo de gas se produce en función de la mejora de la calidad de vida de los vecinos y eso no significa que estén derrochando”.

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