Concejales de Merlo, enojados por una publicación de El Diario

Es por una nota emitida ayer, donde El Diario informaba sobre el nuevo panorama de trabajo en el recinto, respecto al polémico edificio de tres pisos. Con un pedido de amparo en curso, los ediles oficiarán de asesores para que la construcción siga adelante en el marco de las ordenanzas.
La interpretación que El Diario realizó en la edición de ayer respecto a la decisión del Concejo Deliberante de acompañar el rediseño de una polémica obra en Merlo no cayó bien entre los integrantes del cuerpo. Los medios locales fueron escenario de declaraciones en las que defendieron su postura de "velas por el cumplimiento de las ordenanzas" en la construcción del edificio de 29 departamentos que foco de cuestionamientos desde hace un mes y medio, y que motivó acciones judiciales contra los funcionarios municipales que aprobaron el proyecto.

Según manifestaron ediles de las fracciones justicialistas y radicales en medios merlinos, el título de la nota "El Concejo cambió de posición y se construirá el edificio de tres pisos" no se ajustaba a la decisión tomada el miércoles junto al inversor Roberto Sartori, reunión durante la cual se acordó que los legisladores supervisarán los planos para que la obra siga su curso salvando las irregularidades detectadas durante una extensa investigación.

"No cambiamos de posición y mantendremos la postura de que todas las obras que se construyen en Merlo cumplan las ordenanzas", fue, en resumen, la frase que se repitió a lo largo de la jornada. Las declaraciones se sustentan en todas las acciones desarrolladas, por unanimidad, desde el 27 de julio, aunque parecen no condecirse con el detonante del caso: la negativa de vecinos y concejales a que la ciudad posea su primer edificio alto, de tres pisos, para residencia permanente.

La sesión extraordinaria que en pleno receso invernal marcó el inicio de la investigación ya dejaba ver la firme decisión de "no actuar frente al hecho consumado" y "no queremos que Merlo sea un Carlos Paz", afirmaciones que se reiteraron una y otra en el recinto. También se deslizaba la presunción de irregularidades en la obra: desde la aprobación de tamaño emprendimiento a pesar del freno que implica la ordenanza cautelar impuesta hasta que se redefina el diseño urbano de la villa (Plan de Desarrollo Local) hasta violaciones a los códigos de edificación, planeamiento urbano e impacto ambiental.

Casi una decena de infracciones a la normativa fueron confirmadas por el juez de Faltas Ricardo Gallego mediante un informe solicitado por los concejales con el objetivo de que intervenga y frene la obra. Pero el letrado se declaró incompetente por tratarse de un presunto mal desempeño de los funcionarios públicos. Aún así, sumó nuevas causales el 18 de agosto: Sartori, como titular, no figuraba en el Registro de la Propiedad; y tampoco se respetaba la cláusula de prehorizontalidad que debería resguardar a los compradores de las unidades.

Debido a que solamente la Justicia y el intendente Sergio Guardia tienen autoridad para detener la construcción, los ediles se remitieron hacia ambas vías sugiriendo que, ante el cúmulo de infracciones detectadas, se detenga la obra. Por nota al recinto, el jefe comunal de Merlo remarcó su decisión de ponerse "al frente de la investigación", e incluso aceptó la renuncia del secretario de Planeamiento Luis Leiria, que aprobó el cuestionado proyecto.

Poco después comenzaron a encaminarse las demandas judiciales por mal desempeño ante los Tribunales de Concarán, dirigidas a Guardia y Leiria, como responsables de haber aprobado una obra que violaba ordenanzas. Tal vez la más grave de las infracciones apunta a la luz verde otorgada a pesar de que se encuentra en vigencia una medida cautelar que limita las intervenciones sobre el terreno, y pone como condición la consulta con el Concejo para que se autoricen los grandes emprendimientos.

Ese punto resulta central en el proceso de aprobación, y los ediles así se encargaron de destacarlo en declaraciones realizadas en el recinto y a este medio y otros medios informativos. Sin embargo, luego de que manifestaran su desagrado por una nota en la que Sartori advertía sobre la posibilidad de iniciar acciones legales en la figura de inversor damnificado e instaba al cierre de la investigación, una sorpresiva reunión dejó en evidencia otro panorama. A partir del martes, y mientras se espera que la Justicia se expida ante el pedido de amparo, los concejales colaborarán en el rediseño de los planos y asesorarán al responsable técnico de la obra para que el edificio siga su curso enmarcado en las ordenanzas.

Comentá la nota