El concejal se refirió además a "la dudosa validez de la Audiencia", como así también que la falta de información sobre la estructura de costos del precio del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, contradice lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación

A continuación se adjunta el texto de la reciente exposición de Gimeno en la audiencia pública por el aumento del gas, efectuada en nombre de nuestro bloque FPV, llevada a cabo en la "Usina del Arte" de CABA:

Con respecto a la posibilidad de un incremento en las tarifas por el suministro de Gas, vengo aquí a exponer la posición del bloque de concejales del Frente para la Victoria de Bahía Blanca y de nuestro referente político, el diputado provincial Marcelo Feliú, la cual, ya es público y notorio, es contraria a este aumento, en los términos que se plantea en las Resoluciones del Energas y solicitamos la suspensión del mismo, según los argumentos de hechos y de derecho que paso a exponer.-

Antes de referirme al aumento pretendido, debo dejar asentada nuestra postura respecto de la dudosa validez de la celebración de la presente audiencia.-

Expresamos que es de dudosa validez porque entendemos que se violó lo normado por el Decreto 1172/03, que reglamenta el acceso a la información pública, en tanto expresa que el Poder Ejecutivo como sus organismos descentalizados (como el Enargas), las empresas prestatarias de servicios públicos y aquellas que reciban subsidios del Estado están obligadas a entregar en el plazo máximo de diez días hábiles la información solicitada.-

También entendemos que la falta de información sobre la estructura de costos del precio del Punto de Ingreso al Sistema de Transporte, contradice lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en tanto expresó que es necesario que los asistentes a la audiencia tengan una información adecuada y veraz, en forma previa a la audiencia para poder garantizar la discusión y debate que deberán ser tomadas en cuenta en la medida a adoptar.-

Nada de ello aconteció y pareciera que la celebración de la presente audiencia es un simple mecanismo formal para convalidar la decisión que ya se encuentra tomada, circunstancia ésta que evidencia una falta de apego a la Ley.

Sentado lo que antecede pasaré a manifestar la postura de nuestro bloque de concejales respecto del aumento en la tarifa del gas.

Ninguna duda cabe que el acceso a uso del gas es un derecho humano, por ende, las políticas tarifarias deben adaptarse a los principios establecidos para los servicios públicos esenciales, cuya prestación es vital e indispensable para el conjunto de los ciudadanos.

Es por ello que sostenemos que no deber ser el mercado el que someta a sus reglas y pretensiones las medidas del hombre ni los contenidos y alcance de los servicios públicos, en otras palabras manifestamos que no debe dejarse librado al libre juego de la oferta y la demanda, el precio de gas en sus tres componentes, sino que debe existir una regulación estatal que asegure la accesibilidad, continuidad y universalidad de los servicios públicos, ponderando la realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria con especial atención a los sectores más vulnerables, debiendo evitar, el perjuicio social que provocaría la exclusión de numerosos usuarios como consecuencia de una tarifa de elevada cuantía.

No debe perderse de vista que una cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando al financiamiento e inversiones, y por vía de consecuencia de ésta círculo vicioso, a la calidad y continuidad del servicio.

Entendemos que un aumento tarifario que detraiga de manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar, puede devenir “confiscatorio” lo que conlleva a la nulidad del aumento mismo.

En ese sentido entendemos que el incremento de la tarifa para los usuarios residenciales, atenta contra el régimen implementado en la Ley 24.076, en tanto y en cuanto tuvo por objetivo alentar la inversiones para asegurar el suministro a largo plazo de los servicios de e instalaciones de transporte y distribución de gas natural, y asegurar que las tarifas que se apliquen a esos servicios sean justas y razonables de acuerdo a lo normado en la Ley, en virtud de ello se previó que, la determinación de la tarifa se aseguraría el mínimo costo para los consumidores, compatible con la seguridad de abastecimiento.

Por otra parte entendemos que a los fines de determinar el precio final del servicio de gas, se deben individualizar regiones que compartan las mismas características climatológicas, para de esa forma poder determinar un precio justo y razonable de la tarifa.

En tal sentido debo manifestar que la ciudad a la que represento deberá ser tratada en cuanto al precio de la tarifa de gas como una zona climática desfavorable y equiparse la tarifa diferenciada.

El gas natural no es un commodity, por ende no existe un precio de referencia internacional, sino una diversidad de precios regionales, ya que a diferencia del petróleo su transporte presenta ciertas limitaciones.

Ahora bien el desmedido aumento de la tarifa para las industrias y comercios, afecta en forma directa la producción y el empleo, pues de mantener ese nivel de aumento provocará el cierre indiscriminado de empresas, lo que redundará en un incremento del desempleo.

Debemos entender que a nivel local, el gas natural es un bien natural estratégico para el sector productivo y el transporte, al mismo tiempo que es socialmente necesario para satisfacer los usos de calefacción y cocción en el sector residencial, comercial y entidades sin fines de lucro. La matriz energética primaria argentina es gasífera dependiente ya que constituye el 52 por ciento de la misma.

Demás está decir que desde nuestro bloque político no compartimos ni acompañamos el aumento que se pretende imponer, pues el mismo es irrazonable y desmesurado.

Es por todo lo expuesto que entendemos que el aumento que se pretende imponer, pues el mismo es irrazonable y desmesurado, lo rechazamos y además entendemos que el precio del gas debe permanecer regulado por el Estado en función de la dinámica económica interna.

Abandonar el precio a las oscilaciones del mercado internacional como si el gas fuera un commodity, representaría un serio perjuicio a la industria nacional y a la calidad de vida de la población, más allá de excluir a una franja importante de la población de la posibilidad de seguir contando con el servicio de gas, circunstancia que deberán evaluar al momento de decidir el aumento.