Comunidades se comprometieron a regularizar la explotación forestal

Representantes de 22 comunidades de los pueblos wichi, toba, chorote y guaraní, habitantes del lote fiscal 4, una extensión de 13 mil hectáreas sobre la ruta nacional 86, al este de Tartagal, se comprometieron a regularizar la explotación forestal en un acta acuerdo que firmaron con el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Julio Nasser.
Así lo informó la cartera de Ambiente. El acta se rubricó en una reunión celebrada la semana pasada en Tartagal, de la que participaron también pobladores criollos de la zona.

En el encuentro se habló sobre la cuestión legal y técnica de la explotación maderera, la importancia de la instalación de puestos fijos (casillas) de control sobre la ruta 86 (y de otra que se instalará en Orán) y la realización de inventarios forestales o diagnósticos que indiquen los recursos con los que cuenta cada comunidad.

"En la oportunidad se firmó un acta acuerdo con los representantes de cada comunidad, a fin de garantizar la regularización en la certificación de aprovechamientos forestales, el correcto llenado de las guías y la realización de trámites correspondientes", se informó oficialmente.

La reunión, de la que también participó el subsecretario de Pueblos Originarios, Fausto Machuca, y miembros del directorio del Instituto de Pueblos Originarios de Salta (IPPIS), se llevó a cabo en medio tras días de tensión y protestas, generadas luego de que el Gobierno instalara el puesto fijo de control en el kilómetro 16 de la ruta 86, cerca del lote fiscal 4, donde las comunidades originarias que lo habitan están autorizadas a extraer madera.

Funcionarios y representantes indígenas acordaron también que cada comunidad designará a dos de sus miembros para participar de una capacitación que concretará el Ministerio de Ambiente, referida a la confección de las guías y a los trámites que deben realizarse para obtener permisos de aprovechamiento forestal. El Ministerio informó que se acordó que se considerará la ampliación de las guías para quienes ya gastaron el cupo. Para esto se propuso a los aborígenes y transportistas de madera que sean ellos quienes confecciones estas ampliaciones.

En el caso de los transportistas cuyos vehículos hayan sido secuestrados, deberán elaborar una declaración para liberarlos.

Además, a través de la Secretaría de Política Ambiental se convino que los técnicos que realizan los controles en la casilla del departamento San Martín capaciten a los transportistas acerca del volumen que debe tener la madera extraída y que expliquen las razones que motivan los secuestros. También entregarán números de resolución y fechas para formular las guías forestales con mayor rapidez.

Comentá la nota