El 23 de agosto de 2016, el Municipio hizo una presentación en relación al proyecto 48  (Bajo de San Isidro), donde se explicaban los factores que llevaron a la diferencia en la cantidad de viviendas construidas con las promocionadas y el atraso en la construcción de las mismas.

Los recursos girados por el Estado Nacional suponían la construcción de esa cantidad de viviendas en un lugar que ya contara con la aptitud de los suelos, infraestructura de servicios instalada (luz, gas, agua, cloacas, entre otros), trazado urbano perfectamente delimitado y espacio en los asentamientos disponibles para la construcción de esa cantidad de viviendas. Sin embargo, la realidad era muy distinta.

Con el mismo presupuesto hubo que realizar obras de infraestructura imprescindibles que no fueron previstas y sin las cuales sería imposible construir las viviendas:

Estudios y saneamiento de suelosDemolición de viviendas existentes en las trazas de las calles para lograr espacio para la construcción de nuevas viviendasInstalación de algunos servicios inexistentes en la zona o adaptación y regularización de los ya existentesConstrucción de viviendas provisorias para que habitaran las familias desplazadas mientras se construían las nuevas viviendasAdaptación de las viviendas según conformación del grupo familiar y las necesidades que estos demostraban (incapacidades, enfermedades, edad de los menores)

En cumplimiento de la ley, los certificados de medición emitidos desde el inicio de la certificación de las obras hasta el final de las mismas fueron visados por supervisores de obras del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires.

El Municipio y defensores de otros denunciados le solicitaron al fiscal que se llevaran a cabo las pericias para demostrar la inexistencia de los hechos denunciados por Durrieu. El fiscal ordenó la producción de las mismas.

En forma sorpresiva y sin que se llevaran a cabo las pericias, el fiscal le requiere al Juez que cite a prestar declaración indagatoria a diversos empresarios, funcionarios municipales y del Instituto Provincial de la Vivienda.

Las pericias que debieron realizarse y todavía no se llevaron a cabo demostrarán que los hechos denunciados no son ciertos.