La comuna paga honorarios de una pesada herencia por alquileres

Un decreto firmado por el intendente de Miguel Isa aprobó el pago de casi 500.000 pesos de honorarios a un abogado del foro local, que representó al Banco Central por un juicio de alquileres impagos.
Es que la municipalidad nunca pagó el alquiler del edificio de Balcarce y España, donde funciona actualmente la Secretaría de Hacienda.

La historia arranca en 1980, cuando la dictadura militar intervino el Banco Regional del Norte, una entidad local manejada entonces por Tomás Carballo.

En su momento de mayor esplendor, el edificio pasaba como uno de los más modernos de la incipiente city salteña, pero la intervención y posterior liquidación de la entidad financiera hizo que quedara en manos de funcionarios del Banco Central.

Los galpones insalubres de la avenida Jujuy en los que la municipalidad cobraba sus impuestos en los primeros años de la década del 90 y la caída de la recaudación hicieron que la intendencia del renovador Ennio Pon-tussi pensara en el edificio de Balcarce y España, caído en desuso.

El renovador contactó a la sindicatura del Central para alquilar el inmueble que -pensado para el funcionamiento de un banco- cumplía con los requisitos necesarios para instalar allí las oficinas recaudadoras municipales.

El contrato se hizo por unos tres mil pesos de entonces, pero ni un solo peso de los que comenzaron a ingresar en esas oficinas fue enviado al Central.

Tampoco pagó un peso el justicialista Enrique Tanoni, ni el también peronista Alejandro San Millán. Cinco años después el Banco Central decidió hacerle juicio al inquilino moroso. Su abogado fue el doctor Alberto Domingo García Caínzo, que no tuvo demasiadas complicaciones para probar que la comuna no había abonado un peso de alquiler.

Cuando Miguel Isa asumió en 2003 se desayunó con la notificación del fallo del juicio: debía pagar tres millones de pesos al Central organismo que, sin embargo, no quiso desprenderse de su inquilino.

Isa ensayó una primera respuesta para aplazar el problema: le ofreció al Central pagarle en títulos.

También postergó el pago de los honorarios de García Caínzo regulados por el juzgado de primera instancia en lo Civil y Comercial, 10 Nomi-nación donde se había realizado el juicio impugnándolos ante la Cámara de Apelaciones.

Mientras, a través de los legisladores del entonces gobernador Juan Carlos Romero, logró la aprobación de la ley 7339 que declaró de "utilidad pública" y sujeto a expropiación el inmueble de la Balcarce y España.

Pese a haber perdido el juicio, Isa tampoco pagó un solo peso del alquiler del edificio desde donde salen todas las intimaciones a los morosos municipales.

Sus funcionarios piensan que el juicio de expropiación -cuando sea ejecutado por la provincia- tendrá efectos retroactivos.

La municipalidad, sin embargo, no pudo dejar de pagar los honorarios. En los fundamentos del decreto 1188 se menciona el rechazo de la apelación de la municipalidad y el cálculo que hizo finalmente la Procuración de la Municipalidad: se debían 490.102.76 pesos.

El dictamen fue firmado por Luis Giacosa poco antes de que el intendente le pidiera la renuncia.

Pero su sucesor, Aníbal Anaquín, justificó también ante Nuevo Diario el pago de los honorarios y el hecho de que la municipalidad continúe sin pagar alquileres al Banco Central.

"Si se tratara de una persona particular sí tendríamos un riesgo importante.

Pero en este caso se trata también de un organismo estatal.

Y, además, con la municipalidad siempre hay alguna deuda para compensar", señaló.

Anaquín justificó también el hecho de que la Municipalidad haga lo que le sea posible para que su secretaría de Hacienda permanezca en el edificio de Balcarce y España.

"La gente se ha acostumbrado a pagar allí. Y cuando se le pregunta dónde queda la Municipalidad, dice que en España y Balcarce".

Ahora la municipalidad decidió pagarle a García Caínzo el casi medio millón de pesos de sus honorarios en 12 cuotas.

El "plan de pago" no incluye pagos en títulos.

No sería la única erogación que deberá hacer en adelante la comuna.

La ley 7339 establece que en el caso de que, si se queda con el edificio, la municipalidad tendrá que asumir los costos de la expropiación.

La municipalidad ya busca las deudas que tiene el municipio con la Provincia, para poder "compensar".

Comentá la nota