La Comuna y las deudas que caducan

Desde hace por lo menos dos años, en coincidencia con la gestión del Dr. José Eseverri, la Municipalidad de Olavarría mantiene en su sistema computarizado de facturación, períodos de impuestos comunales que han prescripto por ley, y sólo hace efectiva esa norma tras un pedido escrito dirigido al Intendente, después de que los contribuyentes demostraron conocerla.
La cuestión es más o menos así: la legislación argentina establece que las deudas caducan a los cinco años, esto es que "caen" o vencen después de ese período, salvo que exista un reconocimiento expreso del contribuyente sobre la existencia de esa mora o se hayan iniciado acciones legales por la deuda. Es lo que, en términos judiciales, se conoce como plazo quinquenal de prescripción.

Sin embargo, la comuna local todavía incluye en las boletas que envía mensualmente a los olavarrienses las deudas originadas en 2002, 2003 y 2004, cuyo pago ya no puede exigir. Es decir que, veladamente, insta a los contribuyentes a responder por una deuda que legalmente no tiene razón de ser.

No siempre fue así: hasta principios de 2008, el sistema hacía "desaparecer" de las boletas y de las pantallas de los administrativos aquellos atrasos legalmente "perdonados". A partir de entonces, casi traviesamente o tal vez con un dejo de malicia, la administración cambió de táctica. Y hasta hoy, sigue incluyendo los años perdonados.

Existe un detalle más significativo todavía de cómo la gestión municipal no oculta pero por lo menos omite para hacerle "trampa" a la ley: cuando el vecino, inocente de toda inocencia y por allí un tanto desinformado, concurre al mostrador de Liquidaciones en el Palacio Belgrano, nadie le informa sobre sus derechos; mas bien por el contrario, se le comunica un monto de deuda que incluye los períodos ya comprendidos en caducidad.

Pongamos un ejemplo, para clarificar aquello de lo que se habla: el lector adeuda 100 pesos por las cuotas del año 2002, otros 100 por el año 2003 y 50 pesos por algunos meses que se le pasaron en 2006. Su única deuda consolidada y legítima -siempre que no haya mediado un reconocimiento escrito de su parte- será de 50 pesos, porque los períodos restantes son pasibles de caducidad. Sin embargo, si ese lector se acerca a averiguar, se le informará que su deuda es de 250 pesos y habrá una omisión absoluta de la posibilidad de acceder al "perdón".

Sólo si el olavarriense del otro lado del mostrador demuestra conocer la caducidad, la empleada diligente le explicará que, para acceder a ese "beneficio", hay que elevar una carta al señor Intendente Municipal. Para pedirle, claro, que cumpla con la legislación vigente. Como si no se tratase de una democracia, sino de una monarquía que, encima, intenta hacerle "trampa" a los menos conocedores de las normas.

Estarán los que analicen que quizás no existe la obligatoriedad de informar a los ciudadanos al respecto, pero vale la pena tomar el caso de la Provincia, que hace "caer" automáticamente aquellos períodos sobre los que ya no puede reclamar a los bonaerenses, año tras año. No se toma el trabajo de informar: simplemente pone manos a la obra y actúa en consonancia con la ley, sin buscarle la quinta pata al gato ni gobernar con subterfugios.

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