La comuna canceló la deuda millonaria con Telefónica

La comuna canceló en las últimas semanas la deuda de 6.100.000 pesos que mantenía con la empresa multinacional, al realizar este mes el último pago, informó Asuntos Jurídicos. El conflicto surgió en 1999, en la intendencia de Jorge, y el fallo salió en 2009. 

El municipio capitalino canceló durante este mes la deuda que mantenía con la empresa Telefónica de Argentina SA, declarada tras una sentencia judicial, al realizar en las últimas semanas el pago de la última cuota pactada con la multinacional mediante una negociación que representó la quita de una parte importante de la deuda. 

Se trata de un litigio judicial iniciado en el año 1999 contra la comuna por el cobro indebido e inconstitucional del canon de ocupación y uso del espacio aéreo local en el que la empresa instaló su red. La causa tramitada en el ámbito federal llegó a dar sentencia durante 2009 después de pasar previamente por diversas instancias. 

La directora de Asuntos Jurídicos, Florencia Rabario, destacó la decisión del intendente Luis Larrañaga de terminar con la deuda, tras negociar una "importante quita" del monto original que según la justicia era de 9.000.000 de pesos. "La resolución definitiva de este conflicto responde a una decisión de intendente de asumir las deudas", señaló. 

Siguiendo con ese lineamiento, la funcionaria indicó que esta deuda es una responsabilidad heredada por la actual administración municipal que "debió afrontar en soledad el peso económico que ello conlleva librando ahora de la presión judicial a los bienes del Estado".

El caso. 

El conflicto legal comenzó en el año 1999, durante la intendencia del actual gobernador Oscar Jorge, cuando la empresa Telefónica de Argentina presentó una demanda en el Juzgado Federal de Santa Rosa contra la municipalidad capitalina, con el objeto de impugnar el cobro del canon por ocupación y utilización del espacio aéreo municipal. 

La empresa multinacional consideró en ese momento que el cobro de un canon era indebido e inconstitucional, algo similar a lo que ocurrió en la ciudad de General Pico. La causa santarroseña se tramitó bajo la carátula "Telefónica de Argentina SA c/Municipalidad de Santa Rosa s/ordinario", en el expediente 1529/99. 

La causa judicial pasó por varias instancias hasta que el 22 de mayo de 2009 la justicia federal determinó la inconstitucionalidad del canon cobrado a Telefónica al considerarlo un beneficio que se le hiciera extensivo a la misma empresa en el marco de la vieja Ley Nacional de Telecomunicaciones (19.789), en su artículo 39.

Después de que la sentencia quedó firme por el "olvido" del entonces jefe de Asuntos Jurídicos de la comuna, Eduardo Aguirre, que no argumentó la apelación, la empresa decidió avanzar y dio inicio a una nueva demanda con el fin de ejecutar la sentencia pronunciada contra la comuna santarroseña por el capital, intereses devengados, honorarios y costas judiciales. El monto de la sanción ascendió a 9.000.000 de pesos, según informó Asuntos Jurídicos.

Posteriormente, el intendente Larrañaga llegó a un acuerdo de pagos mensuales con la firma privada por el plazo de un año con una importante quita sobre la deuda, determinada finalmente en 6.100.000 pesos. Ante esta situación, el municipio libera alrededor de 500.000 pesos mensuales que estaban destinados a terminar con el total de esa deuda. 

Esta situación abre la puerta para que el municipio traslade definitivamente una buena parte del servicio de telefonía que todavía presta la empresa Telefónica Argentina, sobre todo en aquellas áreas con edificios viejos, a CPEtel, el servicio de la cooperativa local. Esto no podía hacerlo, ya que había asumido un compromiso con la demandante.

Derivó en una denuncia penal.

El juicio a Telefónica derivó en otro juicio. En diciembre de 2008, el médico Humberto Valdivia denunció penalmente al ex director municipal de Asuntos Legales durante la intendencia de Néstor Alcala y actual defensor general, Eduardo Aguirre, y a los abogados Andrés Olié, ex asesor legal, y Francisco Marull, un asesor contratado, por un supuesto 'olvido', ya que no habrían fundado ante la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca el recurso de apelación que la Municipalidad había presentado luego del a favor de Telefónica por el cobro del canon por ocupación y uso del espacio aéreo.

La acción fue promovida por la entonces fiscal Alejandra Ongaro, aunque la causa estuvo varias meses dando vueltas por una larga cadena de excusaciones. Al final, quedó en manos del juez Carlos Besi. Este pidió una serie de informes para ir recolectando pruebas, pero la investigación tampoco avanzó porque uno de los tres denunciados fue apelando sistemáticamente, ante el Tribunal de Impugnación Penal, cada una de las resoluciones del magistrado.

La última información que se publicó sobre la causa fue a fines de abril de 2010, cuando el TIP rechazó un pedido de Aguirre para ser sobreseído. El actual defensor general del Poder Judicial habló en su momento sobre el tema y negó las sugerencias de Valdivia sobre presuntas coimas y que hubiera algún perjuicio para el erario comunal por la supuestamente inacción de ellos.

Aguirre no quiso referirse a los "aspectos de hecho" aduciendo que "tomé conocimiento de esta situación cinco meses después de haber dejado de ser director. ¿Si la omisión ocurrió durante mi gestión? Durante mi gestión, los juicios del municipio no los llevaba yo, ni ese ni ningún otro juicio. Eso está probado no sólo en el expediente judicial, sino además en las actuaciones administrativas a la que me presenté, sin tener obligación de hacerlo, porque había dejado de ser funcionario".

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